El anuncio de Abe se conoció en la misma jornada en la que las autoridades sanitarias japonesas informaron sobre 367 nuevos casos, un nuevo máximo diario, que eleva los positivos a 3.497 positivos, mientras que los fallecidos son 95.
La aplicación del estado de emergencia, le permitirá al Gobierno japonés pedir a sus ciudadanos que eviten salir de sus casas si no es necesario o requerir a las empresas e instituciones que se mantengan cerradas.
El Ejecutivo nipón activó este recurso, denominado legalmente Estado de Emergencia, que sólo está contemplado para situaciones en las que una epidemia avance rápidamente y suponga un “impacto considerable” sobre la salud y las vidas de los ciudadanos, así como sobre la economía nacional.
Para avanzar con esta medida, el gobierno de Abe debió reunir suficientes opiniones de expertos médicos y económicos que justifiquen su aplicación, además de contar con el respaldo de la oposición para una medida considerada como el último recurso frente al virus y que se emplea por primera vez bajo la Constitución nipona de 1947.
Una vez declarado, el estado de alerta sanitaria concede a los gobiernos regionales el poder de “exigir” a sus ciudadanos permanecer en casa salvo para desplazamientos que sean absolutamente necesarios, así como ordenar el cierre de instalaciones públicas como escuelas, parques o centros deportivos.
Durante las últimas semanas, el Ejecutivo central y el de Tokio ya venían recomendado a los ciudadanos practicar el teletrabajo, quedarse en casa “dentro de lo posible” y evitar las aglomeraciones, lo que no bastó para evitar una escalada de los contagios en la región de la capital y en otras zonas del país.
Esas recomendaciones tuvieron acatamiento dispar en el Área Metropolitana de Tokio, donde cada día millones de trabajadores continuaban desplazándose en la red de transporte público y muchos ciudadanos seguían echándose a la calle durante los fines de semana pese al cierre de numerosos parques y comercios.
Ese fue el detonante para avanzar con el estado de emergencia que, sin embargo, no incluye medidas legales para imponer el cumplimiento de las instrucciones de las autoridades, en contraste que las sanciones o las detenciones aplicadas en países europeos a quienes infringen la orden de confinamiento.
En caso de que alguna empresa o institución incumpla las directrices, las autoridades podrían hacer públicos los nombres de sus responsables con el objetivo de forzarles a obedecer o, en última instancia, enviarles una directiva firmada por el primer ministro, informó la agencia de noticias EFE.
Los gobiernos de las prefecturas niponas tendrán, además, la capacidad de requisar bienes considerados esenciales como fármacos o equipamiento hospitalario, y de apropiarse temporalmente de terrenos e inmuebles particulares para dedicarlos a instalaciones médicas.
Hasta el momento, se había evitado apelar a esta figura, pero sí se había tomado otro tipo de medidas, entre ellas designar “servicios públicos” a las empresas energéticas y de transporte o la cadena estatal NHK, a las que las autoridades podrán requerir tareas como difundir información de interés general o distribuir bienes básicos.
Además, se había prohibido el ingreso de extranjeros provenientes de países donde había confirmados casos de COVID-19.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
