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Reclaman que se cumpla con la ley para paliar el hambre de los más desprotegidos

27 marzo, 2020

En todo el país son muy necesarias las medidas que ayuden a resguardar de la pandemia de coronavirus a todas y todos los ciudadanos, y en el caso de los sectores vulnerados, donde las familias empobrecidas sobreviven con las tareas temporarias, las changas diarias, el Estado Nacional busca paliativos para que se queden en sus casas y no les falte el sustento.

En ese marco es importante y urgente que en la provincia se cumpla integralmente con la Ley de Emergencia Alimentaria, sumada además a la epidemiológica y sanitaria.

Después de que la Cámara de Representantes sancionara la norma el Poder Ejecutivo Provincial puso a disposición un equipo técnico y político que trabajó junto a las organizaciones sociales y en ese contexto, también los municipios se comprometieron a participar.

Muchos de ellos crearon los Consejos Comunales en el marco de la Ley; pero otros tantos, a la fecha todavía no cumplieron con ese compromiso.

En ese sentido, los municipios que conformaron los consejos locales son Posadas, Candelaria, Esperanza, Colonia Mado, Bonpland, Apóstoles, Azara, Santo Pipó, Jardín América, Andresito, San José, Apóstoles, Puerto Leoni y San Vicente.

Mientras que los jefes comunales que todavía no cumplieron son Puerto Iguazú, Piray, Campo Viera, Leandro N. Alem; Montecarlo, Oberá, 9 de Julio, Garuhapé, Puerto Rico, Garupá, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Concepción de la Sierra, Hipólito Irigoyen, Puerto Libertad, San Pedro, Colonia Victoria, San Ignacio, Pozo Azul, Colonia Polana, Mártires y El Soberbio.

 

Fuerte reclamo 

Desde las organizaciones y movimientos sociales se enviaron varias notas de reclamos a las comunas, lo plantearon en la mesa provincial, y sin embargo todavía no hay una solución.

Desde la Corriente Clasista y Combativa destacaron que la Emergencia Alimentaria es una necesidad urgente, ya que todos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que son informales no pueden hacer changas, ni cumplir con sus trabajos en cooperativas, por ejemplo.

“En esta situación que vivimos, es una necesidad real contar con el plato de comida en los hogares misioneros. Y el gran problema es que no se está cumpliendo totalmente con la Emergencia Alimentaria. Hay municipios que trataron el tema, lo abordaron con compromiso y están destinando el presupuesto que se les otorgó justamente para esas necesidades básicas“, remarcó la dirigente Graciela De Melo.

Pero también refirió que hay muchos municipios en la provincia que no cumplen en hacer llegar los insumos a través de las organizaciones sociales para los comedores y merenderos.

 

“Vivimos una situación doblemente grave”

De Melo señaló que en este momento lo más urgente son los nutrientes para las familias en situación de vulnerabilidad. “Cuando se declaró la Emergencia Alimentaria en la provincia, todavía no estábamos sufriendo la pandemia; pero hoy todo es más grave y se vuelve doblemente necesario, porque tenemos el coronavirus encima, con las familias de la economía popular imposibilitadas de trabajar”.

Destacó que confía en los anuncios del Presidente de la Nación, que son buenos para ayudar a paliar el hambre de los sectores más castigados; “pero acá en la provincia no se está cumpliendo en su totalidad con la Ley de Emergencia Alimentaria, así que sería muy importante que empiecen a actuar para que podamos sostener esta situación junto con las organizaciones sociales, entre todas y todos como siempre lo hacemos”, indicó la referente de la CCC.

 

Fondos para los comedores populares

En Montecarlo, el dirigente de la CTA, Federico Chilavert manifestó que pareciera que muchos intendentes no se dieron cuenta que en la provincia existe una Ley de Emergencia Alimentaria. “Al punto que cerraron la cocina centralizada, estamos en emergencia epidemiológica y sanitaria y no hay comité de emergencia. Así que se nos hace muy difícil atravesar esta situación a nivel local.

“Vemos que el Gobierno nacional está dando respuestas al pueblo más necesitado, sin embargo en Montecarlo como en otras localidades todavía no se conformó la mesa local que permita destinar fondos a los comedores populares”, cuestionó el joven.

 

Es urgente que armen los consejos municipales

Otra de las organizaciones que reclama el cumplimiento de la Emergencia Alimentaria es el Movimiento Popular La Dignidad. “No se cumple en su totalidad, sin embargo desde la provincia nos informan que los depósitos se realizan en tiempo y forma. Pedimos que las y los intendentes se ajusten a la demanda que habíamos hecho en el Consejo Provincial, donde nos sentamos las organizaciones sociales en conjunto con los funcionarios”, subrayó Silvina García.

Agregó que a través de notas solicitaron que se habiliten los consejos municipales, para poder garantizar la transparencia y el acceso a los recursos para todas las familias que son vulneradas. Sin embargo a la fecha no se cumplió con el armado de todos los Consejos Municipales.

“En algunas localidades hay intendentes que informan sobre comedores que no existen, para poder utilizar el dinero que se destina desde la provincia; pero en territorio no llega ni a los espacios comunitarios ni a los comedores barriales, en desmedro de miles de familias para quienes los alimentos son cruciales”, resaltó.

 

Articular las emergencias para garantizar alimentos

La militante popular hizo hincapié en la necesidad de la inmediata implementación de la ley y que se cumpla con cada uno de los puntos que se destacan en ella: la compra de insumos frescos a los productores, que se otorgue a los espacios comunitarios los alimentos que precisan para su funcionamiento real, que se garantice el acceso a los lácteos y a los alimentos proteicos necesarias en las dietas de adolescentes, niñas y niños, así como también de las madres embarazadas, en situación de lactancia, y de los adultos mayores.

“Exigimos que se ajuste este funcionamiento, articulando con la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, y cuya responsabilidad de dar respuestas es de los gobiernos municipales y del Ejecutivo provincial”, manifestó García.

Tags: emergencia alimentaria y nutricionalMisionesMunicipios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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