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En tres días se notificaron 180 casos por violar el aislamiento

22 marzo, 2020
cuarentena obligatoria

cuarentena obligatoria

“Cuesta creerlo, hay vecinos que salen a correr por la costanera o a tomar mate, no se informan, no les importa o se advierte incipiente rebeldía”. El comentario corresponde a una fuente relacionada a los múltiples operativos de prevención y para frenar la circulación de la pandemia del coronavirus en la capital provincial.

Durante las últimas 72 horas en Posadas se registraron poco más de 180 casos relacionados a la violación de la cuarentena ordenada por el Poder Ejecutivo Nacional con la firma del decreto de necesidad y urgencia 260 el jueves pasado.

Según pudo averiguar PRIMERA EDICIÓN las detenciones se produjeron en procedimientos policiales y fueron ciudadanos que omitieron los alcances de las medidas de aislamiento. Peatones que decidieron pasear como actividad de esparcimiento similar a la de una jornada de feriado nacional sin incumbir la prohibición vigente u remitiéndose a la ignorancia de la misma.

Sin embargo, y para que prime la paz social y se prevenga el orden, los funcionarios policiales notificaron cada una de las detenciones, explicaron los alcances de la reincidencia flagrante y dejaron en libertad a los protagonistas de estos episodios.

Por lo pronto, el encargado de llevar adelante la instrucción de cada trámite es el juez de turno, Ricardo Walter Balor. De producirse infracciones más graves o la propia reincidencia en violar la cuarentena, se iniciarán expedientes por violación a los artículos 202, 205 y 237 del Código Penal Argentino, lo que incluye la posibilidad de que se tramiten causas en el fuero de la Justicia Federal.

 

Operativos desplegados

Desde las 0 del viernes, rige el DNU firmado por Alberto Fernández y al menos hasta el martes 31 de marzo seguirá vigente, por lo que todas las fuerza de seguridad competentes, provinciales y las cuatro federales están actuando en procedimientos conjuntos.

Distintas fuentes al respecto coincidieron en que recién ayer se lograron objetivos palpables en Posadas y la mayoría de las localidades del interior. Especialmente en cuanto evitar que la gente salga de sus casas. “La costanera Jorge Kemerer recién hoy por la tarde (por ayer) quedó desierta, lo mismo que el microcentro, pero durante las horas previas fue ardua la tarea de interceptar personas paseando o corriendo”.

Los operativos se reforzaron y serán ampliados, fue otra de las conclusiones alcanzadas ayer entre las fuerzas federales y provinciales. Uno de los puntos en que se decidió avanzar fue el de realizar controles aéreos, en un primer tramo, sobre la jurisdicción de Posadas.

Para ello se analiza que cada helicóptero que tiene a disposición Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Misiones coordinen horarios y radios de vuelo.

También se utilizarán, en cuanto se ordene, drones para determinados sectores de la capital misionera.

Los tripulantes de las aeronaves ya fueron suministrados con equipos de barbijos, protectores visuales, trajes y guantes específicos para contingencias sanitarias de gravedad.

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Tags: asilamientodetenidosMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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