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Coronavirus: España, paralizada y desbordada en las urgencias

15 marzo, 2020

Las fuerzas son las encargadas de hacer cumplir el “estado de alarma” que rige en el país debido a la pandemia de coronavirus, que sigue expandiéndose como pólvora.

Casi de un día para el otro, los españoles pasaron de una actitud de recelo y desconfianza a percibir que el COVID-19 es una amenaza grave y acataron masivamente las órdenes dictadas por las autoridades españolas, que por 15 días prohibieron la libre circulación salvo para acudir a supermercados, farmacias, asistir al trabajo o por extrema necesidad.

En apenas una semana, los contagios por coronavirus en España saltaron de unos 700 a un total de 7.753 – 382 en terapia intensiva – y de una treinta de muertos hasta los 288 fallecidos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad español.

El incremento fue del 40% en las últimas 24 horas, con Madrid como epicentro, con 3.544 casos, aunque ya se informó que ni en esta región ni en Cataluña, la segunda con más contagios, 715, no se hace la prueba diagnostica a las personas con síntomas leves.

Ante el avance descontrolado del coronavirus, el mensaje del Gobierno español es claro: sólo si los ciudadanos se quedan el máximo tiempo posible en casa confinados se podrá aplanar la curva ascendente de contagios.

Con ese objetivo, el Ejecutivo de coalición del socialista Pedro Sánchez lanzó hoy una campaña de publicidad institucional bajo el hashtag #EsteVirusLoParamosUnidos.

Las autoridades insisten en que con el confinamiento se evitará el mayor problema provocado por la rápida expansión del virus que es el colapso del sistema público de salud, y de esta forma, la pérdida de vidas humanas.

La campaña oficial “expresa toda la fuerza y responsabilidad que el gobierno reclama a cada ciudadana y ciudadano, de todas las edades, de toda condición”, aseguran las autoridades.

En los últimos días han sido numerosos los mensajes de médicos y enfermeros que alertan a los ciudadanos de la gravedad de la situación y la necesidad de que permanezcan en sus hogares para evitar más contagios.

“La primera línea de contención de urgencia y terapia intensiva está cayendo toda en una semana, es un desastre”, dijo a Télam Gisela Petiti, médica cordobesa que trabaja en asistencia primaria y hospitales de Barcelona y que advierte de la falta de recursos humanos y de protección para el personal sanitario.

“Son muchos los compañeros contagiados, en terapia intensiva también. Si vas a urgencias con insuficiencia respiratoria te puede atender un dermatólogo, esta es la situación”, añadió Peteti, especialista en esa rama de la medicina, quien en sus redes sociales remarca que los médicos “no nos jugamos la vida para que el resto siga haciendo vida normal y exponiéndose al contagio”.

En un gesto insólito en el país ibérico, anoche los españoles salieron a sus ventanas y a los balcones para aplaudir al unísono y agradecer la labor del personal sanitario que está trabajando y poniendo en juego su propia salud para atender a los enfermos de coronavirus.

“Esto es la muerte, peor que la guerra. Tenemos mil COVID-19 y no hay quien distinga uno de otro. Cada poco un ingreso que va directo a intubación!, es una locura”, explicó una médica del servicio de terapia intensiva de un hospital de Madrid desbordado, en un mensaje enviado a su grupo de amigas médicas.

 

No había imaginado algo así en el siglo XXI. Me preocupa, pronto no habrá recursos y tendremos que seleccionar. Esto afecta a otros pacientes que teníamos que haber intentado también en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) pero ya los tuvimos que dejar afuera”, añadió la doctora.

 

Las autoridades españolas remarcan también en su mensaje que cuanto antes se frente la pandemia más rápido se recuperará la actividad económica, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos que en estos días están sufriendo una ola de despidos, especialmente en el sector turístico.

El incumplimiento de las medidas adoptadas por el real decreto puede derivar en sanciones, advirtió la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo en un comunicado, que especifica que “las sanciones pueden incluir multas, delito de desobediencia, todo aquello que puede ocurrir cuando te saltas una norma”.

Al explicar el alcance del “estado de alarma” en conferencia de prensa, el presidente Pedro Sánchez apeló la “sentido común” de los ciudadanos, a los que explicó que podrán salir en casa para “pasear al perro”, pero que no podrán ir a la playa o practicar deporte en el parque.

A pesar de ello, no todos cumplieron con estas indicaciones, sobre todo en las costas del país, como en Barcelona, Valencia o la Costa del Sol, donde la gente siguió acudiendo a la playa a tomar aire y sol o haciendo footing y ciclismo.

La policía local clausuró playas y parques y realizó controles en calles, rutas y paseos marítimos, donde se pusieron ya algunas multas.

Además, el Ejército realizó un primer despliegue de reconocimiento en las zonas donde de mayor riesgo donde actuará reforzando a la policía en distintas labores como la de controlar el cumplimiento del confinamiento o garantizar el abastecimiento de la población.

Los militares podrán impartir órdenes a los ciudadanos, que de no obedecer corren el riesgo de ser sancionados con 30.000 euros en los casos más graves de desobediencia o 60.000 a los que ponen en riesgo la salud pública. Las penas más graves son un año de prisión o 600.000 euros si se incumplen las restricciones del estado de alarma de forma reiterada.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: coronavirusCovid19españa
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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