La ofensiva, lanzada por la bancada de diputados de la Federación Regionalista Verde Social (Frevs), cuando se cumplieron dos años desde que Piñera asumió su segundo mandato, busca insistir en la idea de anticipar los comicios presidenciales e instalar la discusión en torno al procedimiento que contempla la Constitución para inhabilitar a un mandatario por estas razones.
Según publica el portal de Cooperativa y el periódico La Tercera, la petición de los legisladores apunta al “comportamiento errático” de Piñera para enfrentar la crisis social que estalló el 18 de octubre y se ampara en el Artículo 53, numeral 7 de la Constitución.
El artículo en cuestión indica que el Senado tiene la atribución de “declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo, cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones“.
El presidente del Frevs, Jaime Mulet, que cuenta con cuatro escaños en el hemiciclo, declaró que “dada la situación grave en la que se encuentra el país, que el gobierno no entiende y no ha sabido manejar esta crisis, lo que queremos es que el pueblo soberano elija nuevas autoridades”.
Se sumó a esta postura el ex candidato presidencial de la Nueva Mayoría, senador Alejandro Guillier, quien señaló que “nadie está planteando una salida anarquista o que esto sea un desastre”.
Se trata de “una solución política adelantar elecciones con compromiso de todos los sectores acerca de un plan mínimo para estabilizar el país, darle gobernabilidad, recuperar las confianzas. Esto no resiste dos años más”.
La ofensiva no tuvo demasiado eco en el resto de la oposición, desde donde algunos criticaron la pertinencia de estas acciones y otros optaron por tomar una postura neutral al respecto, tensionando así al sector.
“Es legítimo que lo planteen, claramente estamos con una situación complicada en el país. Tenemos un presidente bastante errático en sus planteamientos“, afirmó el vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti (PS),
El jefe de su partido, Álvaro Elizalde, sostuvo que “el que sea el peor gobernante de la reciente democracia no significa que, desde el punto de vista estrictamente médico, esté privado de razón“.
Quienes cuestionaron la iniciativa acusaron que impulsar acciones de este tipo podría “empañar” el proceso constituyente y desviar el foco respecto del plebiscito del 26 de abril.
Fuente: telam
