La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy la pena de nueve años de prisión para el empresario Lázaro Báez en el marco del juicio conocido como “La ruta del dinero K” por lavado de dinero.
En esta instancia, la UIF también reclamó ocho años para Martín Báez; cuatro años y seis meses de prisión para el mediático Leonardo Fariña; y seis años para el financista Federico Elaskar.
Además, el organismo pidió condenar a siete años y seis meses de prisión al contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco; a seis años y medio a Fabián Rossi.
Los otros tres hijos del empresario detenido también fueron alcanzados por el pedido de la UIF, que solicitó cinco años para Leandro y Luciana Báez, y cuatro y medio para Melina.
En su alegato, la UIF también reclamó la pena de seis años para César Fernández, vicepresidente de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” y Eduardo Castro; y cinco años para Claudio Bustos y Julio Mendoza, ex titular de Austral Construcciones la empresa insignia de Báez.
El pedido de penas efectuado por la UIF se suma al que ya hizo semanas atrás la AFIP, que solicitó ocho años de prisión para Báez, seis para Elaskar y cinco para Fariña.
Para la Unidad de Información Financiera, Báez “tiene la mayor responsabilidad” en esa “enorme estructura”.
“A nuestro modo de ver, esto es un caso clásico de lavado de activos y la diferencia está en la enormidad de los fondos y la diversificación de las maniobras”, sostuvo el representante de la entidad.
El acusador sostuvo que la fortuna de Báez se construyó a partir de la “asignación de obra pública”, por la cual él se vio beneficiado.
“Administró millones y millones de pesos que corresponden a los argentinos”, agregó el representante de la UIF, para quien Báez lo hizo “con total desapego de las normas”.
“No lo ha hecho solo sino encontrando numerosas personas predispuestas a prestar colaboración y muchas personas que le han propuesto negocios”, adelantó en el alegato que concluirá con el pedido de penas.
Luego, será el turno de alegatos de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Fiscalía a cargo de Abel Córdoba, para que en último término lo hagan las defensas.
Fuente: Agencia de Noticias NA
