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Crimen de Fernando: los dos rugbiers libres se negaron a declarar ante la fiscal

20 febrero, 2020
Imagen ilustrativa

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Imagen ilustrativa (Archivo)

Mientras la fiscal del caso solicitó una extensión de la prisión preventiva para los otros ocho acusados, tras reformularles la acusación y los grados de participación.

En tanto, fuentes judiciales aseguraron a Télam que la defensa de los ocho rugbiers detenidos apeló la prisión preventiva dispuesta para todos ellos, por lo que ahora será la Cámara de Apelaciones de Dolores la que deba confirmar o modificar la situación.

Acompañados por el abogado Hugo Tomei, Milanesi (19) y Guarino (19) llegaron cerca del mediodía a Villa Gesell y se dirigieron de inmediato a la sede judicial donde los aguardaba la fiscal Verónica Zamboni, para ampliar la acusación contra ellos.

La fiscal les notificó su nueva imputación como partícipes necesarios por la figura de “homicidio doblemente agravado, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” del que fue víctima Báez Sosa.

También los acusa de las “lesiones graves”, también en carácter de partícipes necesarios, sufridas por al menos cinco amigos de la víctima, que recibieron patadas y golpes de puño al momento del ataque mortal frente al boliche Le Brique, en la madrugada del 18 de enero.

Afuera del despacho, el padre de Guarino esperó pacientemente la salida de su hijo, sin mantener contacto con la prensa.

Cerca de las 14, luego de negarse a declarar ante la fiscal, los dos rugbiers salieron de la sede judicial y volvieron a subir al auto del abogado Tomei, con el cual se retiraron del lugar, mientras una tormenta caía sobre la ciudad.

A diferencia de lo ocurrido ayer, cuando fueron citados a indagatoria los ocho rugbiers que siguen detenidos acusados como coautores del crimen y las lesiones, Milanesi y Guarino no solicitaron la presencia del juez de Garantías que interviene en la causa, David Mancinelli.

Tampoco plantearon cuestionamientos de manera expresa a la actuación de la fiscal en la instrucción, como sí hicieron los otros jóvenes, quienes la acusaron de haberles mentido porque no les dejó leer los cargos en su contra, dijeron que están condenados por los medios y denunciaron que están siendo amenazados por otros presos en la cárcel y que les dicen que los quieren violar.

Esta mañana, la fiscal Zamboni presentó un pedido para que “se haga extensiva la prisión preventiva” sobre los ocho rugbiers detenidos: Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20).

Se trata de una formalidad, luego de que ayer la fiscal les comunicó a cada uno de ellos los cambios en la imputación y los grados de participación que tuvieron en el hecho, y les ofreció la posibilidad de declarar.

La fiscal solicitó esta extensión “atendiendo a la totalidad de las constancias obtenidas hasta el momento en la presente investigación”, y teniendo en consideración “las nuevas probanzas incorporadas en autos que brindaron más claridad a la pesquisa”.

En ese sentido, Zamboni señaló que a partir del “informe de la pericia química y de rastros que fuera oportunamente ordenada, y de los sendos testimonios recibidos durante la investigación, este Ministerio Público ha reformulado la imputación penal, habiendo a consecuencia de ello modificado el grado de participación criminal oportunamente endilgado en relación a algunos de los co-imputados”.

En su escrito de 10 páginas, al que tuvo acceso Télam, Zamboni detalló que según las pruebas reunidas en el expediente, que ya suma diez cuerpos, “durante la franja horaria determinada entre las 4.41 y las 5” del 18 de enero, los ocho detenidos “acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa, para lo cual previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”.

“Ello -señaló la fiscal-, a raíz de que minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable “Le Brique”, tuvieran un altercado con la víctima, quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos, y motivo por el cual, personal de seguridad del local, retiraran de su interior, por un lado a Fernando Báez y por una salida alternativa, al grupo de agresores”.

La fiscal consideró que los rugbiers acordaron “interceptar a la víctima y golpearla con el fin de darle muerte, en la vereda” frente al boliche, y que abordan por detrás a Fernando “aprovechándose de que estaba de espaldas e indefenso, y de esta manera actuando sobre seguro, en virtud de la superioridad numérica y física, lo rodean, se abalanzan sobre él y comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo, tanto a él como a sus amigos”.

Zamboni indicó, al igual que en el pedido de prisión preventiva presentado días atrás, que luego del ataque, “inmediatamente, aprovechándose nuevamente del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, le propinaron allí en el suelo, varias patadas en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, las cuales provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: #JudicialesFernando Báez Sosarugbiers
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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