Aumentaron las demandas por cuota alimentaria en el fuero local judicial. Especialmente las solicitudes para aumentar los porcentajes destinados al cuidado de los niños y niñas. En este contexto, a su vez, crece la cantidad de personas que forman parte del Registro Público de Alimentantes Morosos en Misiones. Pasó de 40 en 2017 a 132 en enero de 2020 el número de ingresos al mismo.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, Juan Manuel Fouce, manifestó a PRIMERA EDICIÓN que “hubo un aumento de solicitudes de alimentos, para el incremento de la cuota y también para la disminución del monto”.
Precisó que puede variar entre el 20 y el 40% y “lo determina un juez de acuerdo a la cantidad de hijos que se está alimentando, en base a los ingresos de las persona y la situación económica de los menores durante la convivencia en el hogar conyugal”.
Para definir el monto de la cuota “se determinan los gastos familiares, esto no sólo son los de alimento sino también otros como vestimenta y recreación, es decir, todo lo que haga al desarrollo del alimentado, teniendo en cuenta el ingreso de la persona que tiene el cuidado o la custodia” del niño o niña, explicó el titular del Colegio de Abogados.
Sostuvo que “la reducción de cuotas, en tanto, depende del ingreso del alimentante”. “Cuando se ha pactado una cuota, pero se abonan otros gastos como los de obra social o educación, el pago se hace muy pesado para el alimentante. Es en estos casos que se pide la reducción”, dijo.
Deudores alimentarios
En Misiones funciona el Registro Público de Alimentantes Morosos en la Secretaría Administrativa y de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. En el listado figuran aquellos que dejaron de cumplir con su obligación alimentaria, algunos con sentencias emitidas hace más de 20 años. Asimismo, de los 132 registrados en total (hasta enero de 2020), 51 son oficios con fechas de ingreso del año pasado.
“El Registro funciona y hay muchas medidas que se amplian a criterio de los jueces. Por ejemplo, el impedir la salida del país del demandado o denuncias penales por incumplimiento alimentario. Muchos se mantienen con trabajos no registrados o ingresos por debajo del mínimo para eludir los alimentos, o no tienen nada a su nombre para evitar embargos”, advirtió.
