La entidad “nuclea a unas 180 empresas PyME de capitales nacionales, la mayoría de estructura familiar”, señaló el contador Claudio Bisurgi, presidente de CADIGAS, y agregó que emplean a “unas 3000 personas debidamente registradas y que se encargan de llevar el gas, en garrafas, capilarmente, a 10 millones de personas que diariamente necesitan este insumo fundamental para cocinar y calefaccionarse”.
La entidad puntualizó que en los últimos años, “mientras los costos aumentaron 370%, el margen para las empresas PyME se incrementó en menos de 150%, lo cual provocó un fuerte endeudamiento que afecta a quienes luchan dia a día para subsistir”.
Desde CADIGAS se valoró que se haya podido avanzar en un pedido de reunión con las nuevas autoridades nacionales para que “se pueda abrir un espacio de diálogo con las PyME distribuidoras de gas que permita trabajar en una agenda común para recuperar la sustentabilidad operativa de un sector vital para atender las necesidades de la población”.º
“Las empresas estamos en condiciones de aportar el conocimiento, la experiencia y la vocación de servicio, en momentos en los que la agenda de la lucha contra el hambre y la pobreza obligan a tener una actitud solidaria, integral y responsable”, agregó la entidad.
De acuerdo a los datos oficiales suministrados por el INDEC de un total de 12,2 millones de familias del país, casi 5 millones, es decir el 41 %, utilizan gas envasado en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa, Tucumán y Mendoza, entre otras.
Según CADIGAS, “el 40% de los usuarios de gas en garrafas recibe un subsidio directo a través de la tarifa social, lo que pone de manifiesto la estructura económica y social vulnerable que requiere mantener la accesibilidad a este recurso básico para su calidad de vida”.
“Esto seguirá siendo así -indica la Cámara- debido a una combinación de restricciones regulatorias, económicas y hasta de infraestructura que en ciertos períodos puede potenciarse con los fenómenos migratorios internos y externo que hacen crecer los anillos de las poblaciones urbanas en las diferentes provincias”.
CADIGAS recordó que el Gobierno anterior “no resolvió los problemas de este sector, que se agravaron peligrosamente a lo largo de todo ese tiempo, acercándolo a una situación cercana al colapso”.
“Somos conscientes del contexto en el cual debemos operar y entendemos que la solución no pasa por el aumentos de los precios”, añadió el documento.
“Creemos – indicó la Cámara- que a través de la implementación de políticas públicas como la ayuda económica, la exención y/o la disminución de cargas e impuestos, la promoción del primer empleo además de acuerdos con empresas proveedoras del sector, será posible lograr la subsistencia de las empresas, llevando tranquilidad tanto a nuestros empleados que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo como a los consumidores que podrían verse desabastecidos de cara al próximo invierno”.
CADIGAS enfatizó que “más allá de las grandes inversiones y proyectos que rodean al presente y futuro de Vaca Muerta y también de la actividad de los yacimientos convencionales, Argentina debe asumir que siempre habrá localidades y hogares, muchos de ellos alejados de las grandes ciudades en los que el suministro energético llegará a través del gas propano y butano, conocidos popularmente como tubos y garrafas, respectivamente”.
