La iniciativa es impulsada por el diputado de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky y el referente porteño del Frente de Todos Leandro Santoro, a partir de un proyecto elaborado por Valeria Carreras, quien trabaja en el estudio de Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando.
“Es un proyecto de ley que estamos trabajando para que en la provincia de Buenos Aires se aplique el concepto de ‘mano prohibida’, implementado ya en el boxeo, a otros deportes, como por ejemplo, el rugby”, explicó Lipovetzky a través de su cuenta de Twitter.
Si bien en el Código Penal argentino no existe una definición explícita de “mano prohibida”, ese concepto está inscripto en la idea de “fuerza desproporcionada” para judocas y boxeadores. El proyecto consiste en equiparar con ellos a los rugbiers: “Tienen demasiada fuerza, no pueden ejercer la violencia, porque hay un ensañamiento, eso es un agravante y por ende, más pena”, argumentó Carreras.
Los teléfonos celulares de los diez rugbiers y el de Pablo Ventura (ya liberado) comenzaron a ser peritados desde hoy en Mar del Plata, con el objetivo de aportar más pruebas a la causa por la muerte de Fernando, ocurrida el sábado 18 de enero a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. El procedimiento lo llevarán a cabo a partir de las 10 efectivos de la División de Operaciones Técnicas de la Policía Federal.
