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Avanza el proyecto para la legalización del aborto

8 enero, 2020

 El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó ayer que la cartera que conduce “participa de la redacción” del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aunque aclaró que los tiempos de presentación en el Congreso “los maneja” el presidente Alberto Fernández.

“Los equipos nuestros están trabajando en la redacción del proyecto. Pero el ritmo de eso lo maneja el Presidente. Tenemos que asegurar el consenso previo”, explicó el funcionario.

En declaraciones a radio Futurock, González García reveló que “es un grupo grande” el que está trabajando “en silencio” en torno al tema, con participación de sectores de la sociedad civil.

Destacó que la idea es canalizar un debate profundo abordando el tema como un asunto de salud pública, que escape a “la lógica de la grieta” que se generó en 2018 cuando el Gobierno de Cambiemos abrió el debate en el Congreso, aunque sin sentar una posición a favor o en contra como la que ahora sí adoptará la gestión de Alberto Fernández.

“Lamentablemente ese tema empezó como un debate muy interesante, de los mejores que tuvo la Argentina en los últimos años, y después terminó en un combate político y religioso medio absurdo”, evocó el dirigente peronista.

 

Críticas a la gestión anterior

En otro orden, se refirió a la herencia de endeudamiento recibida por la gestión anterior, y advirtió que “el Estado está vaciado, por ejemplo en insumos para la salud”: “Nos dejaron 11 mil millones de pesos sin pagar”, declaró.
“PAMI debe mucho más todavía, las obras sociales también, hay una situación de endeudamiento muy severa y el Estado está vaciado de insumos para salud”, agregó.

“El presupuesto que tenemos es exiguo y tenemos que saldar deudas hacia atrás. Aparecen proveedores todos los días. Son más o menos 11.000 millones sin pagar que nos dejaron. PAMI debe más dinero todavía. Las obras sociales también. Es una situación de endeudamiento muy grosera que significa que el Estado esté vaciado, por ejemplo en insumos para la salud”, ilustró.

Por otra parte, desmintió al exsecretario de Salud de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, quien había dicho que durante su gestión no se había demorado el retiro de containers de vacunas en la Aduana.

“Es una mentira. Menos mal que hay imágenes visuales. Por prudencia debería callar”, lo cruzó, y precisó que fueron 49 los envíos que no se retiraron en su momento, demora por la cual ahora el Estado debe afrontar una multa de 100 millones de pesos.

En tanto, el Ministro ratificó que volverá a “ponerse en marcha” el Programa Remediar que se había interrumpido durante el gobierno de Mauricio Macri.

“A lo sumo en dos meses estará en marcha. Es un programa de provisión gratuita de medicamentos en todos los centros de atención primaria de todo el país. Eso llega a los más vulnerables”, ponderó.

“El programa cambió de nombre y fue devaluado. Tiene la mitad de los medicamentos que había antes y además los botiquines van de vez en cuando. Vamos a recuperar la totalidad de los medicamentos y la frecuencia”, especificó al respecto.

Tags: Aborto LegalGinés González García
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Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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