Cumplidas las audiencias de visu respectivas, homologado el acuerdo con el Ministerio Público Fiscal y notificadas todas las partes, se oficializó que el misionero Pedro Amadeo Arrúa de 56 años deberá pasar los próximos trece años de su vida en prisión por violar la Ley 23.737 en tres ocasiones.
La última, en lo que respecta al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas por un cargamento de marihuana prensada interceptado en 2014 y que organizó desde su celda mientras cumplía condena en la unidad penal federal de Candelaria.
De acuerdo al fallo que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN, el viernes 20 de diciembre de 2019, el tribunal federal posadeño subrogado en este expediente por los camaristas Víctor Antonio Alonso (presidente) Lucrecia Rojas de Badaró y Juan Manuel Iglesias (vocales) aceptó el acuerdo de suspensión de juicio abreviado ofrecido por la fiscal Vivian Andrea Barbosa a la defensora oficial Susana Beatriz Criado, madrina legal del encartado Arrúa como “organizador de transporte de estupefacientes”, en calidad de autor.
La audiencia de visu, se realizó el jueves 5 de diciembre de 2019 en sede del Tribunal Federal de Posadas mediante el sistema de videoconferencia con el acusado reconociéndose culpable y aprobando la propuesta fiscal, desde la prisión federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, el predio carcelario considerado como de los de mayor seguridad del país.
Arrúa tuvo pendiente esta causa por poco más de cinco años. Se le atribuyó “organizar mediante llamados telefónicos realizados desde la Unidad 17 Candelaria del Servicio Penitenciario Federal, el transporte de 1.616 kilogramos de cannabis sativa (marihuana), llevado a cabo en un camión con destino a Córdoba por Julián Larrosa, quien fuera detenido por este hecho el martes 2 de diciembre de 2014”.
Larrosa ya fue condenado, también en juicio abreviado, a cinco años y once meses de prisión por “transporte de estupefacientes” en 2016 y por este caso.
Las comunicaciones entre el “Pity” y Larrosa se realizaron desde el interior UP-17 de Candelaria, donde Arrúa se encontraba detenido cumpliendo una condena por un delito de las mismas características impuesta en 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba.
Ahora Arrúa, cinco días antes de Navidad, quedó encuadrado como “organizador de transporte de estupefacientes, delito previsto y reprimido por el artículo 7 y 5 de la Ley 23.737 en calidad de autor (artículo 45 del Código Penal)” y fue condenado a ocho años de prisión, pero se le sumaron los antecedentes condenatorios y declaró “reincidente por segunda vez”, según la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó el 19 de septiembre de 2013 la condena del TOF de Córdoba a siete años y seis meses por el delito de “comercialización de estupefacientes calificado por la intervención de tres personas”, unificándola a la pena de dos años de prisión dictada por el Tribunal Penal 2 de Posadas, por el delito de “estafas” condenándolo, en definitiva, a nueve años de prisión.
“No es aritmética”
Como las penas para los magistrados no se determinan de una simple operación aritmética de montos, sino de considerandos y precisiones, decidieron que de la primera condena firme de nueve años de prisión, el camarista Víctor Alonso definió “justo y adecuado a derecho, imponer a Pedro Amadeo Arrúa la pena única de trece años de prisión”, como autor penalmente responsable por los delitos de “comercialización de estupefacientes calificado por la intervención de tres personas y organizador de transporte de estupefacientes, todo en concurso real”.
Y que, una vez firme este pronunciamiento, corresponderá comunicarlo al Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde Arrúa mantiene para juzgamiento otras dos causas por tráfico de drogas, una de ellas, también desde una celda de encierro como jefe de una red que incluyó a dos familiares directos, entre otros.
