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Niña obereña fue dada en adopción plena a mujer rosarina fallecida en 2016

23 diciembre, 2019

Una jueza de Familia de Rosario otorgó la adopción plena de una niña a una mujer soltera que falleció en 2016, tras haber iniciado los trámites de guarda preadoptiva.

La niña nació en Misiones, en Oberá, y desde bebé construyó su vida familiar con la mujer y con una hermana mayor también adoptada. De ahora en más, la pequeña obereña llevará el apellido de quien fuera su madre de crianza. Se trata de una resolución judicial sin antecedentes y una situación que no está contemplada en el Código Civil y Comercial. Ambas niñas quedaron bajo custodia de una familia solidaria de la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia de Santa Fe.

Según lo publicado por el medio La Capital, la niña (identificada con las siglas G.T.) con apenas un mes de haber nacido quedó en manos de una mujer rosarina soltera en 2009, quien decidió adoptarla y formalizó el trámite en un juzgado Civil y Comercial de Misiones. En el expediente se dejó constancia de la guarda provisoria en diciembre de ese año.

Fue la jueza Teresa del Carmen Hedman quien autorizó que la madre y la beba viajaran para residir en Rosario. Esa condición fue renovada en tres oportunidades: marzo, octubre y diciembre de 2010. El siguiente pasó se dio en marzo de 2016 cuando la jueza convirtió la guarda provisoria en preadoptiva.

Sin embargo la desgracia se cruzó en la vida de Laura luego de seis años de convivencia con sus dos hijas adoptivas, la mayor hoy adolescente. El 27 de septiembre, trece días después del vencimiento del ultimo plazo de la guarda, la mujer falleció por una larga enfermedad. Como consecuencia de ello, la niña nacida en Oberá, que en ese momento tenía 7 años, “vio frustrada la posibilidad de ser adoptada por la persona que la cuidó, veló por su bienestar y, sobre todo, le brindó amor incondicional” según consta en el fallo que se conoció ayer en Tribunales.

Fue así que el destino de las niñas quedó bajo la evaluación del jueza Valeria Vittori, del Tribunal Colegiado de Familia 7, la cual aseguró que “el escenario resulta dramático para la niña, por las vicisitudes propias de la vida, sin lugar a dudas como sujeto merecedor de protección, amerita una respuesta jurisdiccional que reconozca su derecho a ser oída, a la identidad, el derecho hereditario y a vivir en familia”.

La jueza citó como claves en el caso el trámite que inició la mujer fallecida y las evaluaciones positivas de la jueza misionera. Según las averiguaciones, la niña tuvo su centro de vida en familia con la pretensa adoptante y su hermana “en forma estable e ininterrumpida. Años de convivencia al resguardo y protección de la señora, e interacción fraterna con la hermana”.

La funcionaria también tuvo en cuenta todos los informes de las trabajadoras sociales de Niñez, de los asistentes del Poder Judicial y de los psicólogos, quienes consideraron que la niña está escolarizada; en buen estado de salud; integrada a una vida social; es alegre y extrovertida.

Luego del minucioso análisis, la jueza Vittori ordenó otorgar la “adopción pos mórtem monoparental” al tener “el convencimiento profundo de que la niña debe ser reconocida como hija de quien en vida fue su guardadora, siendo esta decisión la que resulta la mejor manera de respetar su interés superior”.

Tags: #OberáAdopción
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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