Intensa como hacía mucho tiempo no se vivía una semana como la que pasó en la Argentina. No por la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso nacional, por parte del presidente Alberto Fernández para tratar la ahora convertida en “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. Sino por la cantidad de medidas anunciadas, marchas y contra puntos políticos al borde del cierre del año.
Estos pocos días (Fernández lleva 12 en el ejercicio del poder) tuvieron incluso un rápido final para el Pacto Fiscal entre provincias y Nación, con la plena adhesión incluso de las gobernadas por la oposición que hasta antes del 10 de diciembre se opusieron. De hecho Corrientes, gobernada por el radical Gustavo Valdés, fue la primera en reunir a su Legislatura y adherir al convenio suscripto el martes en Buenos Aires que suspendió el acuerdo rubricado con Mauricio Macri años antes.
En las intensas horas de sesión, la Cámara de Diputados tuvo un cambio respecto a la última gestión kirchnerista: el oficialismo aceptó negociar con opositores y aliados algunos cambios al texto del proyecto remitido por el Ejecutivo para poder debatir y sancionar el mismo. En el Senado, el trámite fue más rápido.
En este caso también los mandatarios radicales provinciales volvieron a sostener un “acompañamiento” al Gobierno recién iniciado. Cuando los legisladores de Cambiemos /Juntos por el Cambio se negaron a dar quórum para que asuman los diputados que faltaban y el tratamiento de la “ley solidaria”, hicieron un llamado público a deponer la actitud, lo que finalmente ocurrió.
Algo similar a lo que Macri obtuvo de muchos gobernadores peronistas cuando quiso aprobar en minoría proyectos que tuvieron fuerte rechazo social. Sin embargo, los diputados y senadores que les responden no acompañaron con el voto la sanción de la norma, fundados en su oposición a los “superpoderes”.
Formalmente la Argentina está en emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y Fernández tiene los “superpoderes” para hacer cambios en todas esas áreas.
Se espera que desde mañana se aplique un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios con la excepción de los pasajes abonados totalmente en pesos. Además se aclaró que no será retroactivo.
Se estableció un nuevo esquema de retenciones al que las entidades rurales ratificaron su oposición.
El Ejecutivo quedó autorizado a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad ENARGAS y ENRE, respectivamente. Aunque, desde la Casa Rosada, se confirmó un “congelamiento” temporario de tarifas de servicios.
En materia impositiva se aumentó en forma progresiva el impuesto a los Bienes Personales, con la excepción de aquellos bienes que no superen los 3 millones de pesos. Se facultó a la AFIP a establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales. Y se fijó un plan de regularización de deudas para PyME.
Con estas normas, el Gobierno de Alberto Fernández está dotado de las medidas para salir a negociar urgente con los acreedores externos, incluido el Fondo Monetario.
De hecho, para “oxigenar” las obligaciones que tiene, el Presidente emitió un DNU donde postergó hasta agosto de 2020, el pago de amortizaciones correspondientes a una docena de Letras del Tesoro en dólares (LETES U$D) por 9 mil millones en moneda estadounidense.
Se trata de un nuevo default selectivo de bonos de corto plazo, que habían sido reperfilados por Lacunza en la anterior gestión, hace cuatro meses.
La calificadora de riesgos Fitch rebajó automáticamente la nota de la deuda de la Argentina y la posicionó en “default restringido” y consideró que “la Argentina ha incumplido sus obligaciones soberanas y lo ocurrido constituye una ‘reestructuración de deuda en problemas’”.
Habrá que ver con el escaso tiempo que le queda para negociar, si esa decisión impacta negativamente en un eventual trato con los demás tenedores de bonos extranjeros de largo plazo.
Esta semana también el Ministerio de Economía recibió ofertas por $21.501 millones y colocó $18.846 millones en la primera licitación de letras de la gestión de Martín Guzmán.
Polémica por la solidaridad
Hubo un punto que generó reacciones adversas, incluso dentro del propio oficialismo. Es que la nueva ley de Solidaridad Social suspendió por 180 días la movilidad jubilatoria, quedando facultado Alberto Fernández a fijar los montos de actualización. De hecho, el mandatario nacional anticipó por Twitter que “hasta entonces, estableceremos incrementos trimestrales preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores”.
Además, anunció el pago de un bono de 10 mil pesos en dos cuotas para quienes perciben el haber mínimo de ANSeS. “Ya hemos ido en auxilio de los que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10.000 pesos totales que percibirán en dos cuotas en diciembre y en enero”, confirmó.
La polémica la instaló la Cámara de Diputados cuando, en las negociaciones por la sanción de la norma, excluyó de la suspensión de la movilidad jubilatoria a jueces y diplomáticos que continuarán en el régimen de privilegio.
Por ello, Fernández anticipó por la red del pajarito: “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”. Y en un segundo tuit expresó: “Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos. Debemos esforzarnos para ayudar a poner de pie a esta Argentina que tanto amamos”.
Como viene ocurriendo en cada uno de los últimos mandatos presidenciales, se exige solidaridad a los que menos tienen pero la dirigencia política en el poder no incorpora el mismo concepto en el ajuste de gastos y privilegios que la separan de la mayoría de los argentinos.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró ayer que habrá un “ajuste” en el gasto achicando asesores y autos disponibles.
Lo mejor que le puede suceder a un país, una provincia, un municipio y hasta una comisión barrial es tener líderes que gestionen con el ejemplo para poder exigir a los demás. Incluso los mismos legisladores que aprobaron cambios para los jubilados (no hace falta explicar en qué escalón de la distribución del gasto se encuentran) pero no dan un gesto de entendimiento del término “emergencia”, del que tanto hablan.
Medidas para todos y todas
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, confirmó que se entregará casi un millón y medio de tarjetas “Alimentar” para familias donde haya niños menores de 6 años y embarazadas desde el tercer mes de gestación. En ambos casos deben percibir la Asignación Universal por Hijo.
Los plásticos tendrán una carga de 4.000 pesos, en el caso de una madre con un solo hijo menor de seis años, y 6.000 pesos, cuando tengan dos o más niños.
El obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina, Carlos José Tissera, puso a disposición del Estado nacional los recursos humanos y materiales de esa organización para que la ayuda para la lucha contra el hambre pueda llegar rápidamente, a través de sus comedores, merenderos, centros barriales y equipos de voluntarios de todo el país.
En Misiones, el vicegobernador Carlos Arce, estimó que habrá 100 mil misioneros a los que se asistirá con alimentos en el marco de la “emergencia” que rige desde octubre por ley provincial.
Con la “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, el ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni, ratificó que se impulsará un incremento de salarios para el sector privado, en los rubros que no se acercaron a la inflación (la enorme mayoría) pero aclaró que eso no significará la suspensión de las mesas de negociación paritaria. Dijo que no se tratará de un bono sino que deberá ser incorporado al básico
Canasta e ingresos
La canasta básica alimentaria medida por el INDEC se encareció 6,3% en noviembre respecto de octubre y acumuló en los últimos 12 meses un alza de 49,2%. Para una familia de cuatro integrantes la línea de pobreza se ubicó en $37.596,00, según el costo de la canasta básica total.
El Gobierno estimó que la pobreza a fin de año alcanzará a un 40% de la población. Un número puede alcanzar a comprender el por qué de la presunción oficial. El 60% de la población ocupada ganaba por debajo de los $ 25.000 al término del tercer trimestre del año, en medio de un deterioro de la distribución del ingreso, siempre según el INDEC.
Esta desmejora se produjo en 12 meses donde la actividad económica retrocedió 1,7%, el índice de desocupación subió al 9,7% y los Precios Minoristas subieron el 53,5%.
