La docente embarazada de San Vicente, Liz Soledad Achterberg finalmente pudo cobrar todos los meses de haberes adeudados por el Consejo General de Educación.
Así lo confirmó a PRIMERA EDICIÓN el Supervisor Escolar Diego Luján Sartori, quien detalló además que los sueldos adeudados fueron depositados este mes en la cuenta bancaria de la maestra junto con el sueldo de noviembre. Asimismo la decisión del órgano educativo provincial fue que la docente deberá volver a su escuela de origen.
El caso de Liz Soledad Achterberg se hizo público en octubre último, después de haber pasado por distintas instancias administrativas, sin solución alguna y porque se encontraba cursando un embarazo de alto riesgo. No sólo no podía cobrar sino que tenía una situación laboral compleja a partir de una designación irregular que derivó en su no incorporación al sistema laboral y consecuentemente el no pago de su sueldo.
Con cuatro años de antigüedad como maestra, de los cuales en tres se desempeñó como suplente en la escuelita de una colonia de esa localidad, en diciembre del año pasado la maestra había quedado cesante porque se presentó su titular.
Así las cosas, a principios de 2019, con una valoración de 29.66 (en ese momento se encontraba en la lista como mejor valorada) la maestra reclamó un cargo en la Escuela 797 al enterarse que la docente que lo ocupaba, había renunciado.
Sin embargo, según la versión que había dado a los medios en aquel momento, el supervisor Sartori y el delegado escolar López la convencieron que ese cargo no le correspondía porque, si bien la titular en la 797 había renunciado a la modalidad, ésta se había llevado su cargo y le impusieron ocupar otro en la escuela 453.
Por el caso, el CGE había iniciado un sumario administrativo y una investigación al supervisor de zona IV del nivel primario, Diego Luján Sartori, y al delegado escolar del Consejo Escolar del Departamento Guaraní, Oscar López.
Nueve meses de atraso
La maestra nunca vio un solo peso de sueldo e inclusive estuvo en duda la cobertura de la obra social, ya que, en lo administrativo su designación, en la Escuela 453 de San Vicente -donde se desempeñó hasta la licencia médica-, se dio de forma irregular. La tensión del caso llegó a tal punto que, inclusive la Justicia, le negó el amparo a la docente, en el momento en que se encontraba cursando el octavo mes de un embarazo de alto riesgo.
Ella había estado esperando una respuesta favorable de la Justicia y la urgente provisión de los salarios adeudados, tras haber agotado, ya en el mes de julio todas instancias administrativas en el CGE.
Amparada por la ley
“La docente embarazada se halla protegida por la constitución y tratados internacionales, por la Ley Laboral y normativas vigentes. Nosotros, desde nuestro lugar de trabajo y nuestro puesto de jerarquía hicimos todo lo posible para que ella cobre como debía ser. El retraso se dio por cuestiones administrativas”. Con éstas palabras el Supervisor Escolar de zona IV del nivel primario, Diego Sartori dio su versión acerca de lo ocurrido.
“Hubo una buena predisposición de las autoridades del CGE para resolver el problema y devolverle su salario y su tranquilidad”, manifestó Sartori.
La maestra trabajó desde fines de marzo, todo abril y mayo en la Escuela 453 de San Vicente hasta que el médico le indicó reposo absoluto. Durante todo ese tiempo y los meses siguientes, nunca tuvo el instrumento legal que formalizara su designación para trabajar. Lo mismo pasó con quien la suplantó luego que ella tomara licencia.