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El STJ anuló juicio abreviado y solicitó un nuevo debate

27 noviembre, 2019
A LA VISTA. Por la fuerza del impacto frontal los dos vehículos quedaron en sentido opuesto a las direcciones en que se desplazaban en febrero de 2012.

A LA VISTA. Por la fuerza del impacto frontal los dos vehículos quedaron en sentido opuesto a las direcciones en que se desplazaban en febrero de 2012.

A LA VISTA. Por la fuerza del impacto frontal los dos vehículos quedaron en sentido opuesto a las direcciones en que se desplazaban en febrero de 2012.

Héctor Fernando Ledesma Alarcón murió el 26 de febrero de 2012 tras un choque frontal del auto en el que viajaba con su familia y un Renault 19 guiado por Matías Canteros (28) quien se habría cruzado de carril según las pericias y condujo alcoholizado. Ocurrió sobre la ruta nacional 12 en el cruce con el Acceso Oeste de esta capital. La condena llegó seis años después pero recientemente fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia.

El 27 de febrero de 2018, el juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, homologó un juicio abreviado acordado con la defensa del imputado y le impuso una pena de cuatro años de prisión con cumplimiento efectivo como autor de “homicidio culposo y lesiones graves”.

Pero Canteros cambió de padrinos legales y recurrió la condena ante el Superior Tribunal de Justicia, que resolvió el 16 de septiembre pasado anular la sentencia entendiendo que no se habían cumplido algunos requisitos para la suspensión de juicio abreviado.

No sólo anuló el fallo, el STJ también ordenó que el lunes 2 de diciembre el caso vuelva a debate y ante el Juzgado Correccional y de Menores 1, a cargo de Marcela Leiva, magistrada que se inhibió por lo que en el orden de subrogancia debería presidir el nuevo juicio el juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo.

PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso al resolutorio de la corte misionera, en la que ocho de los nueve ministros coincidieron en que a Canteros no se le respetó el derecho de entrevistarse con el juez tras el acuerdo de abreviar el juicio, audiencia denominada “de visu”, en la que el juzgador determina cara a cara con el encartado, primero, si está de acuerdo con la acusación y monto de pena de la sentencia y luego el magistrado analiza la legalidad de la sentencia propuesta por el fiscal a la defensa.

Fue la ministra Liliana Picazo la única del STJ quien se opuso a la casación del fallo y votó por la confirmación de lo homologado en febrero de 2018 por el juez Jiménez.

En su voto, al que este Diario tuvo acceso, remarcó: “Claramente el juez (Jiménez) respetó el acuerdo de partes, y si bien es cierto no consta en el expediente el acta de examen de visu, ello no acredita necesariamente que el juez de sentencia no haya tomado conocimiento personal con el imputado, más aún cuando en su sentencia hace mención respecto a haber tomado conocimiento personal del imputado, por lo que dicha omisión no vicia el procedimiento del juicio abreviado en su parte sustancial ni torna aparente sus fundamentos y en consecuencia reenviar la causa para su realización simplemente nos llevaría a un rigorismo formal y un dispendio jurisdiccional innecesario y a todas luces evitable”.

NUEVO DEBATE. Canteros deberá presentarse el próximo lunes ante la Justicia.

 

Día trágico

El hecho a juzgar nuevamente ocurrió el domingo 26 de febrero de 2012 a las 21.50 sobre la ruta nacional 12, a la altura del Acceso Oeste de Posadas.

Según las pericias a esa hora circulaban por ese lugar un Chevrolet Corsa al mando de Héctor Ledesma, acompañado de su esposa, Iris Alarcón, un sobrino de 13 años y dos hijos de 21 y 19.

Sin tiempo a reaccionar, un Renault 19, que se desplazaba en sentido contrario al mando de Matías Canteros, impactó contra el auto de la familia Ledesma.

Durante la instrucción de la causa, se estableció que Canteros manejaba con 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre. “El impacto fue originado por el Renault 19, que ingresó al carril opuesto”, detalla el expediente.

Seis años después, Matías Canteros fue sentenciado ante el Juzgado Correccional 2, a cuatro años de prisión y el doble de tiempo de prohibición para conducir como autor del delito de “homicidio culposo y lesiones graves en accidente de tránsito”.

 

“Necesitamos paz para Fernando”

Iris Alarcón (57), madre de la víctima, dialogó este martes con PRIMERA EDICIÓN y contó cómo han sido estos más de siete años para la familia a la espera de una solución judicial. “Tenía la vida por delante, sus planes hechos y por un irresponsable que no le importó la vida, mi hijo se murió. No queremos que el que provocó esta tragedia esté libre”.

Alarcón relató que la familia está muy triste y el dolor por aquella pérdida es irremediable. “Sólo nos daría tranquilidad saber que va a estar preso. Eso no lo traerá de nuevo, pero necesitamos paz para Fernando y para nuestra familia”.

Contó además que las secuelas de aquel accidente han sido tremendas. “Hace poco mi marido puede caminar otra vez, aún con dificultad”.

El hombre sufrió en el siniestro fractura de cadera y su esposa señaló que la hermana de Fernando, que también iba en el auto, se salvó gracias a él.

“Él (por Fernando) tenía la mano por el apoya cabeza del lado del conductor y eso amortiguó el golpe de su hermana. Es su ángel, nuestro ángel”.

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Tags: #JudicialesHéctor LedesmaMatías Canteros
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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