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Provincias pedirán que se suspenda el Consenso Fiscal

22 noviembre, 2019

Este jueves, durante el encuentro previo a la reunión de la Comisión Federal de Impuestos, en Buenos Aires, los ministros de Economía provinciales comenzaron a delinear los planteos que harán al próximo Gobierno nacional para suspender las bajas de impuestos locales dispuestas en el Pacto Fiscal de 2017, ante una eventual baja de la recaudación en 2020.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, durante el encuentro en el cual estuvieron los representantes de 18 provincias, por consenso se decidió plantear el pedido de suspensión del Pacto Fiscal al ingresante Presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego que asuma el próximo 10 de diciembre. De esa manera, consideraron que no dan los tiempos para elevar el planteo al actual gobierno saliente.

Al mismo tiempo, señalaron que se mantiene la incertidumbre porque no se sabe exactamente quiénes serán los próximos funcionarios que se harán cargo de la cartera de Hacienda dentro de la conformación del gabinete de Fernández. Además, coincidieron en remarcar la creciente preocupación de las provincias por la caída de los recursos en términos reales, teniendo en cuenta que los ingresos a las arcas se ubican por debajo de la inflación mientras que los gastos crecen por arriba de esa línea.

En relación a esto, indicaron que es impensable aceptar una nueva baja de impuestos para el año que viene en un contexto de profunda recesión.

Del encuentro no surgió un documento definitivo, ya que todas las variables son relativas al escenario macro fiscal de Nación para 2020. Así, están abiertas las negociaciones, ya que el foco podría modificarse según los recursos con que contarán las provincias durante la gestión de Alberto Fernández, o las propias renegociaciones de deudas con Nación.

 

Tratado desactualizado

El Consenso Fiscal fue firmado en 2017 entre el presidente Mauricio Macri y todos los mandatarios provinciales. En ese entonces, el único que no estampó su firma fue el peronista puntano Alberto Rodríguez Saá.

El tratado establece que buena parte de las actividades productivas deberán ir reduciendo alícuotas de Ingresos Brutos (IIBB) hasta quedar exentas. Lo mismo ocurre con Sellos. Estos son considerados dos de los tributos centrales para los ingresos de las provincias, por tal motivo desde los distritos comenzaron a cuestionar que no se verán finalmente compensados ante la previsión de una menor recaudación nacional (y la caída de la coparticipación).

A esto se suman quitas de subsidios al transporte, a las tarifas, el deceso del Fondo de la Soja para obras en municipios, entre otras medidas que no estaban en carpeta en 2017 y que fueron complicando a las arcas provinciales.

Por tales motivos, durante la reunión los ministros de Hacienda delinearon los planteos que quedarán a disposición de los gobernadores para las gestiones políticas con el próximo Gobierno nacional que asume en diciembre.

 

En línea directa

Cabe recordar que, como publicó este Diario en su edición del pasado martes, el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, tendría previsto abordar el tema del Pacto fiscal directamente con Alberto Fernández. En ese sentido, solicitará la suspensión de algunos ítems puntuales, como ser la baja progresiva de impuesto a los Ingresos Brutos y el de Sellos.

Entre los puntos que el Vicegobernador piensa elevar al próximo Ejecutivo nacional, figura un pedido de corrección del mecanismo de distribución y cálculo del Impuesto a los Combustibles que financia el Fondo de Combustibles, el FONAVI, y obras de infraestructura que, con el Consenso Fiscal suscrito en 2017 que ahora se pide suspender, produjeron modificaciones en perjuicio de las provincias.

Además, Oscar Herrera Ahuad le pedirá al Presidente electo pensar en una compensación a las provincias, por el efecto que provocó esta nueva metodología. Para respaldar el planteo, los asesores técnicos evaluaron que Misiones perdió entre el año 2018 y lo que va de 2019 unos $1.042 millones.

Tags: #economíaConsenso FiscalMinistros
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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