Las Defensorías del Pueblo municipales fueron creadas con la función de proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos.
En consecuencia, entre sus atribuciones se encuentran las de supervisar y garantizar que las instituciones y los funcionarios de la ciudad cumplan con sus deberes y respeten las leyes vigentes, controlar que las empresas brinden los servicios de manera adecuada a toda la comunidad y atender las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o irregularidades.
Sin embargo, la mayoría de las veces se enfrentan con problemáticas y conflictos que trascienden a sus capacidades y es así que se ven envueltas en reclamos por cortes de rutas, usurpación de tierras y hasta denuncias por violencia de género.
PRIMERA EDICIÓN dialogó con los defensores del Pueblo de Posadas, Oberá y San Vicente, quienes coincidieron en señalar que las consultas van en aumento y que no dan abasto para atender todas las demandas de la sociedad.
“En Posadas siempre tenemos el reclamo por el servicio de agua potable. Existen un total de 60 asentamientos, estos en su mayoría reciben agua potable a través de un macromedidor y mucha gente no lo puede pagar. En segundo lugar también atendemos muchas quejas por los aumentos en las tarifas de los servicios, como luz y agua y en tercer lugar están los conflictos por la regularización de tierras”, enumeró a este Diario el defensor del Pueblo capitalino, Alberto Penayo.
Asimismo, destacó que la Defensoría que representa “ha intervenido en todos los cortes de calles y rutas que se registraron en la ciudad”.
“Tuvimos cortes de todo tipo, han sido tan significativos que nosotros propusimos un proyecto para generar un protocolo de conflictos en el espacio público, porque hemos visto que un alto porcentaje de las problemáticas son irreales. En estos casos, se necesita la intervención del Estado para identificar el problema, adoptar un marco jurídico e intentar resolverlo”, manifestó Penayo.
Dos años de gestión
La Defensoría del Pueblo de Oberá completará próximamente los dos primeros años de gestión. Como titular de este espacio, y sin experiencia previa en el ámbito, Patricia Nittmann brindó precisiones de su trabajo y reveló que muchas veces se encontró con la atención de situaciones que no correspondían a su labor.
“Durante el año 2018, la Defensoría recibió 293 consultas y se abrieron 187 expedientes que dieron lugar a distintas resoluciones y recomendaciones. En 2019 se recibieron más de 500 reclamos, lo que dio lugar a más de 280 expedientes iniciados”, detalló Nittmann. En este contexto, consideró que desde que se creó la Defensoría mantienen “una fuerte presencia institucional”.
Entre las principales acciones llevadas adelante, destacó “la participación en audiencias públicas por actualización tarifaria del servicio urbano de pasajeros, la intervención en conflictos de usurpación de tierras, mediaciones entre trabajadores rurales y el Ejecutivo municipal, problemáticas energéticas, desarrollo de programas barriales, asesoría en temas legales y la promoción de los derechos ciudadanos, entre otros”.
“La Defensoría busca más protección para la ciudadanía ante posibles disfuncionalidades, inequidades u omisiones del sistema. Protegiendo siempre a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad obereña. La función de la Defensoría no es neutra, siempre está a favor del que más lo necesita”, afirmó Nittmann. Al hacer un balance de los primeros años de gestión, la titular del organismo aseguró que, a pesar del intenso trabajo, “fueron mayores las satisfacciones”.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta de la sociedad. Nos sorprende la cantidad de vecinos que nos llaman o se acercan a consultar, a presentar sus reclamos y a solicitar que -como parte del Estado- los escuchemos y actuemos. Por todo esto, rescato la implementación de las mesas de diálogo como lugar de trabajo y consenso, donde siempre han participado voluntariamente las partes convocadas, ya sean del Gobierno municipal o provincial, dando como resultado una solución a los vecinos”, enfatizó.
Nittmann también resaltó otras iniciativas que se llevaron adelante para mantenerse cerca de los vecinos, como los programas “La Defensoría en tu Escuela” y “La Defensoría en tu Barrio”.
“En los dos años y medio que nos quedan de gestión, queremos llegar a cada barrio de nuestra ciudad escuchando de sus protagonistas cuáles son las realidades y urgencias que más los aquejan”, subrayó.
Más cerca de la gente
En este contexto, el defensor del Pueblo de San Vicente, Irrito Benítez, comentó que “las consultas más frecuentes que se reciben por parte de los vecinos son reclamos por deficiencias en los servicios, aunque muchos también se acercan para denunciar casos de violencia de género y conflictos familiares”.
“La gente tiene miedo de recurrir a la Policía o a los entes judiciales y acuden directamente a la Defensoría del Pueblo. Nosotros los escuchamos, tomamos la problemática y los derivamos a las entidades judiciales. Hay ciudadanos que vienen a denunciar situaciones de violencia de género o conflictos familiares. Una vez que los derivamos, les hacemos un seguimiento para que sus problemas sean atendidos por la Justicia”, adujo Benítez.
Sostuvo, a su vez, que “los ciudadanos recién están entendiendo la función de la Defensoría del Pueblo”. “Creen que todos sus problemas tienen que ser canalizados por este organismo. Recién vamos a cumplir cuatro años y estamos aprendiendo entre todos sobre el verdadero papel que cumple la Defensoría del Pueblo”.
Por otra parte, Benítez señaló que otra de las consultas que reciben de forma reiterada es por parte de vecinos que no pueden acceder a los servicios básicos. “Se acerca mucha gente que vive en la colonia y que no tiene luz. Nos piden que le demos un aval y así le gestionamos la energía. Recibimos además consultas por la apertura de calles, arreglos de caminos terrados, recolección de residuos y todo tipo de solicitudes que llevamos ante el Ejecutivo municipal”.
A todo esto, reveló que se encuentran trabajando en una nueva reglamentación para la Defensoría del Pueblo de San Vicente. “Necesitamos un asistente social, un asesor legal y una administración propia e independiente. Muchos de los casos que recibimos deben contar con asesoramiento profesional”.
