El tenso clima que se vive en la Chacra 190 de esta ciudad, tras la orden judicial de desalojo sobre 50 familias del lugar, consiguió algo de calma este jueves al conocerse la suspensión de la medida, aunque la causa continúa en manos del juez de Instrucción Fernando Verón.
Con la amenaza de ser sacados del lugar, el pasado miércoles se produjo una convocatoria de las familias del barrio en la Defensoría del Pueblo municipal, pidiendo a Alberto Penayo, a la ministra de Derechos Humanos Lilian Mariel Marchesini y a los diputados Martín Sereno (PAyS) y Roque Gervasoni (Renovación) que intercedan para evitar la ejecución de la medida del juez Veron.
Este jueves, Penayo confirmó al programa Primera Plana que se emite por la 89.3 FM Santa María de las Misiones que el Ministerio de Gobierno provincial les informó que el desalojo (que debía cumplimentar hoy la Policia de Misiones por orden del magistrado mencionado), fue suspendido.
“Hoy (por ayer) en horas del mediodía, la ministra Marchesini tuvo una charla con su par de Gobierno quien le dijo que quedaba transitoriamente suspendida la ejecución de la orden. El juez sigue firme con su decisión. Esto nos da un poco de respiro para pedir algunas revisiones y ver cómo seguimos”, explicó del Defensor del Pueblo.
Recordó que “desde nuestro organismo hicimos una presentación a la Justicia, recordando los Tratados Internacionales a los que adhiere el país básicamente vinculados a que no produzca más vulnerabilidad la expulsión de las familias. Especialmente porque hay más de 60 niños en las 50 familias que se quieren desalojar”.
Para Penayo “esta causa debería estar en el fuero Civil y no el Penal. Pedimos la conformación de una mesa de diálogo entre las familias, la Justicia y el IPRODHA para buscar una salida al conflicto pero, hasta ahora, no hemos tenido respuesta del juez”.
Con ese fin, la Defensoría del Pueblo de Posadas presentó el martes por la tarde ante la Justicia, un recurso extraordinario bajo la figura del “amicus curiae”, con la cual se busca revertir la medida ordenada.
A su vez, al día siguiente tras recibir a las familias involucradas en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, Marchesini argumentó que “nadie llega por gusto a una instancia de la utilización de una tierra que tiene otro dueño: se llega por necesidad, por falta de igualdad social”.
“Esto genera que el Estado, en sus tres Poderes, tenga que llevar adelante medidas y actuar para mejorar la calidad de vida de todos: de ustedes (por los ocupantes) y también, por qué no, del propietario de esas tierras. No se trata solamente de considerar la suspensión del desalojo porque estén cubiertos por varias leyes, sino del hecho de que el Estado provincial necesita un tiempo real para dar solución a estas 60 familias”, dijo.
“Y esto no es magia: no se abre una bóveda para comprar una tierra y generar una vivienda”, remarcó, por lo cual insistió en que “la Justicia llame a una mesa de diálogo, convoque al IPRODHA para generar mecanismos de solución y que se revisen las medidas que hasta ahora se fueron tomando contra los vecinos” de asentamientos irregulares. Ahora, el magistrado Veron tiene en sus manos la posibilidad de abrir el diálogo o continuar con el desalojo.
