Mientras tanto, Comunidad Ciudadana (CC), la coalición que postuló para la Presidencia al ex mandatario Carlos Mesa, segundo en las elecciones del mes pasado, aclaró que no fue consultada por quienes dieron el ultimátum a Morales y no comparte esa medida.
“Hago un llamado a defender la patria, hago un llamado a la oposición, no nos enfrentemos entre bolivianos”, exhortó Morales en declaraciones a la radio San Gabriel, reproducidas por la agencia noticiosa estatal ABI.
El jefe del Estado anunció también que había convocado a dirigentes de organizaciones sociales aliadas para analizar junto a ellos la respuesta al ultimátum opositor.
Paralelamente, ABI denunció que “cívicos, políticos, ex militares y Estados Unidos se encuentran vinculados con planes golpistas en Bolivia, según 16 audios que salieron a la luz”.
La agencia oficial afirmó que en esos audios “se menciona a un ex presidente de la república”, al que no identificó, así como al “ex prefecto (gobernador) de Cochabamba Manfred Reyes Villa y al ex diputado cochabambino de NFR (Nueva Fuerza Republicana) Mauricio Muñoz”.
“También quedan identificados la activista Mirian Pereira quien cita a Juan Flores, a su asesor Alex Brañez y Oscar Robles por un viaje a Estados Unidos para reunirse con Carlos Sánchez Berzaín (quien fuera ministro de Gobierno y de Defensa durante las administraciones del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada) y consolidar un financiamiento de medio millón de dólares para gastos de movilización”, añadió ABI.
Asimismo, Morales aseguró que grupos de sindicatos estaban preparados para hacer vigilias en defensa de su gobierno.
“Ya estamos preparados, sectores por día vamos a cuidar, hacer vigilias en la Casa Grande del Pueblo (sede del gobierno), por circunscripción, pacíficamente, para defender nuestro proceso de cambio”, dijo.
Dirigentes de comités cívicos de ocho de los nueve departamentos bolivianos dieron el sábado por la noche un ultimátum de 48 horas a Morales para que renuncie a su cargo y llamaron a las fuerzas armadas a unirse a su reclamo, como consecuencia de la crisis política derivada de las elecciones del 20 de octubre pasado.
El líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Camacho, afirmó antes miles de personas que volvieron a protestar el sábado por la noche en la capital cruceña, Santa Cruz de la Sierra, que se trataba de “decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar”.
“No estamos derrocando un gobierno sino estamos liberando toda una nación”, sostuvo el dirigente.
Pero el coordinador político de CC, José Antonio Quiroga, advirtió que el ultimátum no fue consultado con esa coalición, que forma parte de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade).
“Nosotros no hemos pedido ese tipo de medidas; el Comité Cívico de Santa Cruz tiene una posición que entendemos, pero la nuestra es la que acabamos de comunicar”, que es la salida de Morales del gobierno a través del voto popular, remarcó Quiroga en declaraciones a periodistas.
Después de un largo e interrumpido escrutinio de los comicios del 20 de octubre, la autoridad electoral confirmó la reelección en primera vuelta de Morales, por haber obtenido más de 40% de los votos y una diferencia superior a 10 puntos sobre Mesa.
Las interrupciones en el avance del escrutinio sembraron dudas en Mesa, la mayoría de la oposición y parte de la comunidad internacional.
Para frenar la ola de protestas -que dejó al menos dos muertos– y la huelga general por tiempo indefinido declarada por los comités cívicos, Morales aceptó que la Organización de Estados Americanos (OEA) haga una auditoría especial del escrutinio con resultado vinculante.
Sin embargo, Mesa y los comités cívicos rechazaron esa iniciativa, que la OEA sí aceptó.
El 20 de octubre, Morales buscó ser reelecto para un cuarto mandato consecutivo, que la Constitución le prohíbe y la mayoría de los bolivianos le denegó en referendo, pero para el que fue habilitado por un fallo del Tribunal Constitucional.
Fuente: Telam
