Por la tarde los otros 10 jueces de la Corte deben emitir su voto para seguir o no Mello, que es el instructor del caso, algo que si logra mayoría puede beneficiar a Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción.
Mello votó a favor del texto de la Constitución y en contra de la determinación que rige desde 2016, en el marco de las prisiones preventivas masivas de la Operación anticorrupción Lava Jato.
Unas 5.000 personas privadas de su libertad sin todos los recursos agotados pueden ser beneficiadas en caso de que una mayoría se apegue a la Constitución y abandone la denominada “Doctrina Lava Jato”.
Entre ellas se encuentra el ex presidente Lula da Silva, quien se encuentra preso en Curitiba.
Justicia bajo presión
Bajo presión de grupos extremistas bolsonaristas, el Supremo Tribunal Federal de Brasil inició este miércoles la votación que puede liberar al ex presidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva y otros 5.000 personas que están detenidas sin que se hayan agotado toda las etapas procesales.
La sesión iniciada el jueves pasado en la máxima corte de Brasil continua para determinar si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.
El juez supremo instructor del caso aventuró que el resultado puede ser 7 a 4 a favor de considerar inconstitucional detener a alguien con sólo un fallo de cámara, es decir, de segunda instancia.
Esto provocó protestas por parte de los fiscales de la Operación Lava Jato como Deltan Dallagnol, en el centro de una serie de pedidos de alejamiento tras haberse revelado en chats privados que carecía de pruebas para acusar a Lula.
También un supuesto complot contra Lula fue apuntado en los chats del ex juez Sérgio Moro, ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, revelados por The Intercept Brasil.
Grupos de camioneros alineados a Bolsonaro amenazaron con generar caos en el país en caso de que Lula sea liberado, según dijo Ramiro Cruz, titular de la Uníón Nacional de Transportadores Autónomos (Unatrans) y ex candidato a diputado por el actual oficialismo.
La Constitución de 1988 indica que un condenado que no sea peligroso para la sociedad como un homicida o un violador debe esperar en libertad todo el proceso hasta que todas las instancias confirmen una condena.
Esto fue modificado por la propia corte en 2016 a pedido del entonces juez Moro y el fiscal Dallagnol y parte de la prensa, pero al calor de los abusos revelados contra Lava Jato el máximo tribunal aceptó debatir “el regreso a la Constitución”.
El jueves pasado se llevó a cabo la primera sesión, en la cual entidades de abogados pidieron a la corte “detener el régimen excepcional” generado por la llamada “detención en segunda instancia”.
El entendimiento de 2016 permitió la detención del líder del Partido de los Trabajadores el 7 de abril de 2018 tras haber sido condenado por Moro. Lula, su ex jefe de gabinete José Dirceu, el ex director de Petrobras Renato Duque y otros 5.000 detenidos, una veintena de Lava Jato, pueden beneficiarse con el fallo de la corte.
En la corte hay tres jueces alineados con el Lava Jato: Edson Fachin, Luis Fux y Luiz Barroso.
El caso del ex presidente es el que llama la atención en la esfera política, ya que su encarcelamiento lo quitó de la liza electoral vencida por Bolsonaro en octubre pero toda la credibilidad de Lava Jato quedó afectada a raíz de que se revelaron las conversaciones de Moro y los fiscales supuestamente conspirando contra el PT.
Durante tres meses, el sitio The Intercept Brasil reveló junto con grandes medios asociados a su investigación la trama secreta de Lava Jato, sobre todo a partir del chat del app Telegram del fiscal Dallagnol.
Lula, condenado a 8 años y 10 meses de prisión, puede salir actualmente porque ha cumplido un sexto de la pena pero rechazó el beneficio ya que espera se absuelto por las altas cortes.
Esto está en juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal, que tiene ‘dormido’ un habeas corpus de Lula buscando que se declare imparcial a Moro, convertido en uno de los principales dirigentes de la llamada nueva derecha y que disputa con su jefe Bolsonaro, las intenciones de voto para las presidenciales de 2022.
Es clave en el Supremo Tribunal Federal la posición de la jueza Rosa Weber, quien el año pasado rechazó en un 6-5 contra Lula un habeas corpus, horas después de que el jefe del Ejército de entonces, general Eduardo Villas Boas, amenazara por Twitter con una intervención militar.
La semana pasada Villas Boas lo volvió a hacer, ahora como asesor personal de Bolsonaro.
La Operación Lava Jato específicamente recibió un duro revés de la Corte el mes pasado, tras la anulación de dos sentencias dadas por Moro por error de procedimiento al negarle a la defensa acceso a las delaciones premiadas que fueron claves para dictar condenas.
Todo el sistema de Lava Jato está bajo revisión en la Corte, lo cual genera amplias tensiones entre los llamados ‘bolsonaristas-lavajatistas”.
Fuente: Agencia de Noticias NA y Télam
