“En 2015 hubo 111.699 nacimientos de madres adolescentes menores de 20 años. En 2018 bajó a 87.118”, aseguró Castelli durante la Jornada Prevenir y Actuar frente a los abusos sexuales y embarazos en la niñez y adolescencia.
“Esta reducción del 20% del embarazo adolescente es fruto del trabajo interinstitucional de Nación y provincias, porque en un país federal, son los gobiernos locales quienes implementan las políticas públicas”, señaló Castelli, que también destacó “la tarea conjunta con la sociedad civil”.
La actividad en la capital salteña fue organizada por el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas y Unicef.
Salta es una de las 12 provincias donde se aplica el ENIA. Nuestra provincia, junto con Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja y Buenos Aires, son las otras provincias donde se aplica el proyecto gubernamental, por “tener las tasas más elevadas de embarazos adolescentes”, explicó a esta agencia, la socióloga Silvina Ramos, coordinadora del Plan.
“Dentro de esas provincias, trabajamos en 36 departamentos donde identificamos escuelas. Allí se capacitó a más de 12.000 docentes para atender la demanda de casi el 50% de adolescentes de cada distrito”, detalló el titular de Niñez.
Plan ENIA
El Plan ENIA “puede ayudar a mejorar las oportunidades de vida de las y los adolescentes, porque aborda un problema que es muy caro para la vida, el bienestar y el ejercicio de la autonomía de las y los chicos”, resaltó Ramos.
“Ser padre o madre en esa etapa de la vida, sobre todo si no es planeado, es duro. Los pone en situaciones de desventaja para desarrollar sus aspiraciones educativas, laborales, su construcción adulta, porque se dedican a cuidar un bebé que implica un conjunto de responsabilidades para lo que no están preparados”, añadió la funcionaria.
Embarazo adolescente
El embarazo adolescente “tiene muchas especificidades. La primera es el carácter no intencional, porque 7 de cada 10 chicas menores de 20 dicen que no fue planificado”, dijo Ramos. Además están “las que no dicen que no lo querían, a las cuales hay que garantizarles todos los derechos que les asisten como ciudadanas en materia de protección social de la maternidad”. agregó.
La otra gran especificidad es la de las menores de 15 años, “donde la amplía mayoría de esos embarazos son fruto de abusos sexuales intrafamiliares. Esas niñas violentadas cargan con un embarazo forzado. No se les da la opción de saber y decidir interrumpir ese embarazo porque está asistida por el marco normativo argentino que permite el aborto por la causal salud y violación”, dijo la profesional.
“Una niña no debería ser madre. Una niña necesita jugar, soñar, y la violencia contra su integridad física y la imposición de llevar adelante un embarazo y una maternidad forzada es una vulneración brutal de sus derechos y de su vida. Tenemos que hablar de esto y trabajar en conjunto”, pidió Ramos.
Fuente: Agencia Nacional de Noticias Télam
