Los numerosos casos de ocupaciones irregulares de inmuebles privados, que se suceden en distintos puntos de la provincia desde hace varios años; y la necesidad de “avanzar en una resolución pacífica” de dichos conflictos colectivos, impulsó la presentación de un proyecto de ley que busca jerarquizar la tarea de mediación que viene realizando el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).
El diputado provincial Isaac Lenguaza, del Partido Agrario y Social (PAyS), es el autor de la iniciativa tratada en Comisión en la Cámara de Representantes.
Explicó a PRIMERA EDICIÓN que “es el IPRODHA el que lleva adelante esta tarea actualmente, mediante una resolución del Directorio, habilitado para tal decisión por la ley de creación del organismo. Sin embargo, entendemos que el impacto positivo que tiene esta operatoria debería jerarquizarse por ley, lo que garantizaría no sólo su continuidad en el tiempo sino también los fondos que requiere su aplicación”.
La propuesta pretende plasmar el programa en una ley, y le otorga el carácter de instancia de mediación obligatoria, previa a la habilitación de la vía judicial, para la resolución de los casos planteados, una vez que alguna de las partes o el propio IPRODHA hayan optado por la intervención en los conflictos colectivos entre titulares de extensiones urbanas, suburbanas y rurales, y ocupantes irregulares con permanencia real igual o mayor a cinco años.
En el texto en debate, se entiende por conflicto colectivo al que involucra a uno o más titulares dominiales y a cinco o más familias poseedoras en un predio en conflicto. Cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención del organismo, o podrá decidirse de oficio.
Consultado sobre la cantidad estimada de familias o predios que se encuentran en esta situación en la provincia, Lenguaza explicó que “hay lugares puntuales, en especial en las chacras donde encontramos hasta un 60% de familias que no poseen el título de propiedad pero que trabajan y viven allí desde hace décadas. Se da mucho en la zona de El Soberbio, Pozo Azul y San Vicente”.
A modo de ejemplo, recordó que “lo comprobé en ocasión de diversas reuniones en esa zona donde, en una de ellas habían 100 personas, todos colonos, y sólo uno o dos eran los que tenían título de propiedad”.
El legislador aclaró que “hablamos de tenencia irregular cuando, quien habita, no tiene título y, en este caso, a partir de cinco familias para justificar que es una problemática colectiva. Acá, principalmente en el interior, quedaron terratenientes de empresas que tenían su domicilio en Buenos Aires y vinieron, por sobre todas las cosas, para extraer madera en grandes extensiones y dejaron abandonadas esas tierras, con estas familias allí, que trabajaban para esas empresas. Es así que hay casos de 300 o 500 hectáreas donde hoy viven entre 70 y 100 familias hace unos 20 o 25 años. Ahora aparecen los propietarios porque llegó el asfalto, el progreso y pretenden esas tierras”.
Un avance
Por otro lado Lenguaza dijo que este proyecto “alcanza a todos los casos, pueden ya estar judicializados o no y para los que puedan salir a la luz de acá en más. Esto es un avance porque, hasta ahora, las leyes existentes (incluida la de prórroga de desalojo), tienden a esa cuestión de conflicto cuando ya está judicializado. En este caso es previo a todo eso. El IPRODHA, por resolución, está desde mayo último interviniendo en el acercamiento de las partes para solucionar este tipo de problemas, citando a las partes, hace de mediador, ve la mensura, el tema de la deuda de Rentas que normalmente tiene ese tipo de terrenos”.
También se encargó de aclarar que “esta ley no tiene nada que ver con el RENABAP, ni se va a superponer con ello porque lo que hacen es un relevamiento de barrios populares, quiénes son los que viven allí para la solución de este tipo de conflictos y que, a partir del registro, pueden acceder a servicios esenciales como luz y agua que antes se les negaba, al no ser propietarios. Hoy, mediante RENABAP, se puede hacer”.
En otra parte del diálogo, Lenguaza destacó a este Diario que “lo primero es acercar a las partes, para que lleguen a un acuerdo, y ese ocupante pueda comprar en cuotas directamente al propietario, con el IPRODHA como garante. Esa puede ser una alternativa. En otros casos que sean muy conflictivos, pretendemos que el IPRODHA sea quien compre esos terrenos como ya lo hizo el propio Estado. Es indistinto porque cada caso es particular”.
Asumir los costos
Entre los puntos del proyecto de Ley de Mediación en Conflictos Colectivos por Tierras, sobresale que “a exclusivo costo del IPRODHA se realizará la contratación de las mensuras con fraccionamiento y relevamientos de estados ocupacionales y de grupos familiares, para llegar así al otorgamiento de los boletos de compra-venta entre las partes involucradas”, que muchas veces son condicionantes.
También, otro aspecto importante que remarca, es que “para los casos en que el inmueble comprometido posea deudas impositivas, el IPRODHA procederá a regularizar la situación del titular dominial frente al Fisco, otorgándole la facilidad de restituir lo abonado en un plazo prudencial, a efectos de facilitar toda la operatoria”.
Y queda en claro que “una vez abonado la totalidad del precio pactado por el terreno, se otorgará el respectivo título de propiedad del mismo, con gastos de escrituración a cargo del IPRODHA”.
