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Larga distancia analiza reducir frecuencias o aumentar el boleto

25 septiembre, 2019

Las empresas de transporte de larga distancia, a nivel nacional, hicieron oír sus reclamos por los aumentos del precio del gasoil sobre la venta mayorista que afecta a sus movimientos financieros. De esa forma, adelantaron que están analizando dos alternativas: reducir la cantidad de frecuencias en los diferentes destinos o trasladar los incrementos al precio del boleto para el cliente final.

En relación a esto, remarcaron que el sector ha sufrido, desde 2014 a la fecha, una contracción del 30% de los viajes vendidos anualmente (determinada por una caída de 41 a 31 millones de pasajeros anuales). Al mismo tiempo manifestaron preocupación por la liberación del precio de los combustibles mayoristas o a granel, con lo cual el valor del litro de gasoil que pagan las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia ha subido significativamente, superando incluso al valor que tiene en la estación de servicio para el consumidor minorista.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Gustavo Gaona, representante de la Cámara Empresaria de Buses de Larga Distancia (Celadi), comentó: “El transporte de larga distancia atraviesa una situación muy compleja desde lo económico, lo estructural y las normativas, y lo cierto es que desde el 2014 a la fecha, se perdieron cerca de 10 millones de pasajeros”.

“Si bien somos empresas privadas conformamos un servicio público que está regulado por el Estado. En este escenario de perder pasajeros, las empresas han hecho un esfuerzo muy grande para sostener la tarifa muy por debajo de lo que fue la inflación de estos últimos cuatro años. Estamos muy expuestos a los incrementos de costos”, añadió.

Además, recordó que “al dispararse el dólar, el Gobierno sacó un decreto para congelar los precios por 90 días, lo cierto es que a las pocas semanas, entendemos que por presión de las petroleras, emitió un nuevo decreto en el cual mantenía congelada la tarifa en las estaciones de servicio pero la liberaba para quienes compran al por mayor. Entonces lo que ocurrió para el transporte de larga distancia fue que las empresas empezaron a recibir aumentos por parte de las petroleras en el orden del 15%, 20%, 22% y hasta un 25%. Fue como que estábamos pagando las consecuencias del congelamiento para el minorista”.

“Por eso, una empresa media que consume un millón de litros de gasoil por mes, y que tiene sus propios tanques en los galpones para cargar, hoy está pagando por cada litro más caro de lo que sale cargar en una estación de servicio”, amplió.

Por estos motivos desde el sector empresarial consideran que aún con el ajuste realizado en los últimos días para el surtidor minorista (del 4%), la desigualdad de precios se mantiene sin cambios porque dicho aumento también se aplicará sobre el combustible a granel.

Frente a este panorama, Gaona destacó que las empresas analizan dos posibles alternativas. “Estamos en una situación prácticamente sin salida, o aumentamos las tarifas y nos arriesgamos a seguir perdiendo pasajeros, o reducimos las frecuencias. Al no tener ningún tipo de subsidio y al ser una tarifa del boleto que está determinada por los costos, una posible salida es trasladar los incrementos al consumidor final, pero eso genera menos pasajeros viajando. La otra alternativa que nos queda es la reducción de las frecuencias. Eso es lo que está en estudio. Llegamos a esta situación por el escenario actual. No es una medida que queremos hacer, pero en los últimos cuatro años los servicios cayeron un 30%. Si esto sigue así, se producirá una reducción de un 30% más, pero que será en dos meses o pocas semanas”, indicó.

“Se está estudiando la realidad de diferentes corredores, no es lo mismo lo que sucede en Misiones, con lo que ocurre en Río Negro o Catamarca. Para que se tenga una idea, lo que se está estudiando es que donde hay un servicio con 3 o 4 frecuencias diarias que empiece a llegar con 2 o una frecuencia. O en un lugar donde llega el colectivo una vez por día que empiece a llegar 4 o 5 veces por semana. Eso dependerá mucho de los destinos”, agregó.

Finalmente remarcó: “Nuestro pedido hacia la autoridad nacional es que revea la medida, que nos iguale con el consumidor minorista porque nosotros no trasladamos cargas, llevamos personas que tienen que poder pagar el boleto. Está en riesgo no sólo la salud económica de las empresas sino también la conectividad, porque más de 1.600 destinos cuentan con el ómnibus y en la mayoría de los casos es el único servicio que los vincula”.

 

Misiones tendrá un nuevo pedido de suba

Sobre el mismo tema también se expresó el representante legal de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP), Juan Manuel Fouce. “La situación es grave. Esperábamos que el incremento de la tarifa brinde oxígeno a los servicios de transporte de pasajeros, pero eso no ocurrió. Todas las empresas sintieron el incremento salarial y la disparada del dólar”, aseguró.

Consultado por Canal 12, sobre la posible reducción de frecuencias indicó: “Ya tenemos una reducción de parque y servicios de casi un 35%. Algunas empresas no pueden seguir sacando servicios porque tendrían que cerrar. Y hoy, por cómo está la situación económica, nadie te compra una empresa. Las empresas de transporte no valen nada. Al haber reducción de servicios denota que la explotación no es buena, es deficitaria”.

Por otro lado confirmó: “Vamos a pedir que suba el boleto, eso ya está planteado. El tema es que lo que dio la Provincia no alcanza. No sabíamos que el dólar iba a pegar un salto tan alto. Después de las elecciones habrá que ver a cuánto sube el combustible y eso va a resentir sobre todas las empresas provinciales”.

“Si el Estado quiere tener una tarifa social la tiene que subsidiar o tiene que otorgar compensaciones para ello. No hay otra forma. Una empresa privada no puede estar subsidiando a la población para que pueda viajar”, completó.

Tags: BoletoColectivosFrecuencias
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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