En la Casa de Gobierno se realizó la semana pasada la primera reunión conjunta entre autoridades del Ejecutivo misionero y las organizaciones sociales para avanzar en la reglamentación de la flamante Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional, sancionada el pasado 12 de este mes.
En representación del vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, que estaba regresando de su viaje oficial por Estados Unidos, la presidió el titular del IPS y vicegobernador electo, Carlos Arce.
Esta convocatoria fue posterior a la reunión del gobernador Hugo Passalacqua y funcionarios de los organismos que formarán parte del nuevo Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, creado por la misma ley que declaró la emergencia.
Esta vez, el llamado fue ampliado a los referentes de las organizaciones sociales que trabajan en la tierra colorada, tratando de contener el hambre de las familias en un contexto de pobreza, tanto en barrios de Posadas como de otras localidades.
Arce asistió junto al ministro de Coordinación General de Gabinete, Adolfo Pischik; las ministras de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini, y Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Ivonne Aquino; el titular de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor; el subsecretario de Salud, Germán Bezus; el subsecretario de Desarrollo Productivo, Otto Goritz; el subsecretario de Protección Civil de Misiones, Enrique Parra; la directora del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), Silvana Labat; y el director general de Sistemas e Información Geográfica, Martín Recamán.
La ley en vigencia establece la integración del Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por representantes del Ejecutivo provincial y tres representantes de las organizaciones y movimientos sociales.
Precisamente de esta reunión participaron el diputado provincial del PAyS, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Evita, Martín Sereno; la dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Graciela de Melo; del RENABAP y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Laura Dos Santos; además de referentes de La Poderosa, el Frente de
Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Popular La Dignidad, Barrios de Pie, la Corriente Peronista Descamisados y el Movimiento Tupac Amarú.
Una vez afinado el mapeo de los lugares donde los movimientos sociales trabajan territorialmente con las familias carecientes, deberán elegir cuáles serán los tres representantes de las organizaciones para el Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Con estas premisas, la semana próxima se volverá a reunir la mesa de trabajo.
El coordinador general de Gabinete, Adolfo Pischik, aseguró que “tenemos claro que la emergencia alimentaria se transformó en ley gracias a la lucha de las organizaciones y movimientos sociales”.
En ese sentido, señaló que “se prevé un incremento del 50% de las partidas para alimentos que se distribuirán en todo el territorio. Algunas organizaciones cuentan con parte de esas partidas, por lo tanto queremos conocer qué tenemos para poder ser lo más ordenados y eficientes posible para llegar a quienes son destinatarios de la ley, como ser los lactantes, niños, adolescentes, embarazadas, personas mayores y discapacitados, que conforman la línea más vulnerable de la población”.
Dijo que “el Estado pondrá todo lo que tiene, fortaleciendo los lugares. Creo que la ley nos da la posibilidad de que trabajemos codo a codo y hacer la sinergia suficiente para ser lo más eficientes posible. Ése es el planteo y la invitación para cumplir con lo que dice la norma”.
La lucha de las organizaciones
El vicegobernador electo, Carlos Arce, actualmente a cargo del IPS, manifestó que “creemos en el Ejecutivo que, si bien hay poblaciones de riesgo, el mayor es la malnutrición, por eso bienvenido sea el trabajo en conjunto. Somos conscientes de que las organizaciones sociales tuvieron una lucha activa para lograr esta ley, hay que reconocerlo, y no sólo Misiones es la primera provincia en contar con esta herramienta, sino que también tenemos gente (como las organizaciones) que recorre toda la provincia y tiene el conocimiento y la información para que los recursos del Estado vayan a las personas que realmente lo necesitan”.
En consecuencia, agregó que “por eso el compromiso del Ejecutivo con los movimientos sociales es trabajar juntos para que este programa cumpla su objetivo, que es solucionar la emergencia alimentaria, por lo menos por estos 24 meses, y esto trasciende el 10 diciembre. Pretendemos que llegue a todos, no al bolsillo, sino a la boca de los misioneros que más lo necesitan”.
“Desde el Ejecutivo queremos ser expeditivos, rápidos y prolijos para cumplir el objetivo que contiene la ley. Estamos para colaborar y buscar soluciones territoriales, y lo más importante es que acá hay personas que si nosotros no actuamos, no pueden tener la nutrición y alimentación adecuada. Esa es nuestra prioridad”, sentenció.
Misiones tiene un 36% de pobres
Por su parte, la responsable del IPEC, Silvana Labat, contó que “trabajamos en mediciones sobre la pobreza, no como mide el INDEC (a nivel nacional), sino que hacemos una medición aparte que es la pobreza estructural multidimensional. Por lo tanto, nuestros números son mucho más altos que los que da el INDEC. El último dato que manejamos es del primer trimestre de 2019, que arrojó un 36% de pobres”.
A la vez, apuntó que “la pobreza aumentó 2,9% entre el cuarto trimestre de 2018 al primer trimestre de 2019, y también subió la indigencia en un 0,5%; pero tenemos una inflación que sobrepasa la interanual, el 57,8%”.
En este contexto, deslizó que “el rubro que más sufrió dicho aumento, un 60%, fue el de alimentos y bebidas alcohólicas. La canasta básica alimentaria es 14.000 pesos, es el monto que debe tener de ingreso una familia tipo para cubrir las necesidades básicas, sólo en cuestión de alimentos, en Misiones”, reflejó.
“Estamos donde el Estado no llega”
El diputado Martín Sereno celebró la voluntad conjunta entre Gobierno y organizaciones sociales para llevar una respuesta a la población: “Si hablamos de los sectores vulnerables, el 40% de la provincia está por debajo de la línea de la pobreza y el 50% cuando se trata de niños y niñas”, relató.
Expuso que “parte de las organizaciones y movimientos populares estamos en los lugares donde el Estado no llegó, porque si los gobernantes estuvieran, nosotros no haríamos falta”.
Por eso, explicó, “la normativa pretende combinar esos esfuerzos donde indudablemente el Estado debe poner los recursos materiales, porque los tiene: es quien maneja el presupuesto y destina dónde va. Nosotros pondremos la logística y el recurso humano”. No obstante, recordó que “la parte que le toca al Estado son los recursos materiales”.
En este punto, además, destacó el trabajo de los nutricionistas, ya que “es necesario y urgente, al igual que el de los trabajadores sociales”.
Consideró que “si las organizaciones sociales tuviéramos ese apoyo para hacer informes socio ambientales de cada lugar, hoy todo el mapa estaría cubierto”.
Para el autor de la norma, esta “es una oportunidad para brindar soluciones integrales. Si hay una emergencia alimentaria es porque hay hambre y si hay hambre es porque no hay trabajo, no hay estructura, ni hay nada. Por eso llegamos a esta situación; pero no vamos a tratar la emergencia alimentaria sólo dando la comida como un parche que no servirá para nada. Creo que es bueno que exista la voluntad del Ejecutivo manifestando que lo urgente es tapar el hambre, pero también desarrollemos al mismo tiempo políticas para revertir la condiciones que generaron el hambre”, opinó.
El legislador propuso que “si el Estado va a comprar, no le compre a los grandes supermercados sino a los trabajadores de la economía popular, que también será útil para tapar el hambre. Así generamos mecanismos virtuosos que mejoran la economía de esos proveedores y hacia los comedores con esos alimentos”, graficó.
El dirigente de la CTEP también se refirió al tema de las escuelas, recordando que en la Ley de Emergencia Alimentaria hay un capítulo que establece que una parte del paliativo del hambre es proveer a los establecimientos educativos y a los comedores populares de productos comprados a los pequeños productores.
“Creo que podemos empezar a generarlo, porque si el Estado lo único que hace es poner plata para comprar la carne al supermercado y sólo se trata de un plato de comida, será un desperdicio de recursos. Estamos hablando de una provincia de más de un millón de habitantes donde el 40% está por debajo de la línea de la pobreza, o sea, son 400 mil personas y no habrá recursos que alcancen si no utilizamos mecanismos virtuosos y saludables”, resaltó.
Varias emergencias
La referente del RENABAP en Misiones y militante del MTE, Laura Dos Santos, advirtió que “todos los días vemos familias a las que les faltan alimentos; pero también viven sin luz y sin agua. Existe una emergencia real en los asentamientos. Y somos varias organizaciones las que formamos parte de la CTEP: La Poderosa, el Evita, Pueblo Unido y Seamos Libres, entre otras que trabajamos para paliar el hambre en los barrios. No recibimos alimentos de la Provincia; sí tenemos donaciones de la Nación y en los últimos meses nos mandan sólo yerba y choclos. Nos parece una locura, porque en Misiones tenemos yerba y cultivamos choclo. Eso nos demuestra que hay un desconocimiento”, lamentó.
“En algunos barrios se triplicó la pobreza”
La dirigente de la CCC Graciela De Melo consideró que “todos estamos pensando en lo mismo, en cómo salir de esta situación de hambre y pobreza que es difícil. Algunas organizaciones recibimos aportes alimentarios de la Nación y de la Provincia y estamos organizadas en todo el territorio”.
Contó que “en Posadas tenemos 60 merenderos y la ayuda no alcanza. En muchos casos los compañeros ponen plata de su bolsillo y hacen ventas los fines de semana. No nos quejamos porque lo hacemos de corazón, la pobreza demanda y es necesario seguir luchando”, remarcó.
La organización recibe de la Nación entre 12 mil y 13 mil kilos de alimentos que se distribuyen en merenderos y comedores; y consideran que “no es nada” para la pobreza que existe en la tierra colorada.
De Melo argumentó que todas las organizaciones poseen relevamientos de los departamentos y los barrios “y así vemos que todavía no logramos tapar todos los agujeros, porque hay miles de lugares a los que no les llega, justamente por falta de recursos”.
Sostuvo que “el pobre, el campesino, el tarefero, los pueblos originarios no tienen recursos ni para alimentar a su propia familia y de eso se trata la emergencia: es toda la red que encierra a familias que viven en situaciones de precarización que incluyen falta de servicios básicos. La pobreza y la hambruna en algunos lugares se triplicó”.
Asimismo, De Melo destacó que junto al Gobierno provincial quieren abordar la situación social porque ve que “existe voluntad para que entre todos y todas emprendan la tarea de ver cómo salir de la situación terrible que padece gran parte del pueblo misionero”.
Dijo que “el trabajo está en cada merendero y comedor de los barrios que quizás ni siquiera el Estado conoce”.
Por último, la referente de la CCC adicionó que “tenemos responsables en cada sector; los ministros y los intendentes nos conocen porque estamos casi todos los días reclamando, por eso ahora, con esta Ley, si trabajamos juntos será posible encontrar la salida a este estado de hambre y miseria”.
