Un médico perteneciente a la Procuraduría Penitenciaria de la Nación abrió este miércoles 18 la ronda de testimoniales en el juicio que enfrentan los tres guardiacárceles misioneros José Luis Acosta (42), Ricardo Antonio Figueredo (39) y Víctor Javier Romero (40), por la presunta autoría del delito de “severidades y vejaciones”, también conocido como “apremios”, que tuvo como víctimas -al menos- a seis internos de la prisión federal de Candelaria hace casi doce años.
El galeno de 45 años y que reside en Corrientes, relató ante los jueces del Tribunal Federal de Posadas, Norma Lampugnani, Manuel Alberto Jesús Moreira y Víctor Antonio Alonso (subrogante), que el 3 de octubre de 2007, dos días después de haberse denunciado la supuesta requisa y apremios en los pabellones de la cárcel federal, fue llamado para revisar a las víctimas y recabar información al respecto.
Remarcó que todos presentaban lesiones de golpes de puño y puntapiés en la espalda, abdomen, columna, cuello, orejas y varios de ellos en las rodillas, tobillos y codos.
El detalle lo realizó apoyado en las imágenes digitalizadas de las fotografías tomadas por el denunciante a los internos lesionados el 1 de octubre de 2007 y respondiendo a las consultas de la fiscal federal Vivian Barboza y el cofiscal Pablo Di Loreto.
El médico ratificó su informe presentado en la etapa de instrucción de la causa. En el que también señaló que durante las audiencias individuales con los internos los guardiacárceles no les permitieron ingresar con teléfono celular, “algo que la ley nos ampara”, remarcó.
Además recordó, como irregularidad, que “los guardias abrieron de manera intempestiva la puerta” del recinto que utilizaron dentro del predio carcelario.
“La abrieron de un portazo y nos dijeron que no podíamos realizar los exámenes a puerta cerrada y que debíamos esperar que llegara un médico local, que nunca llegó”. Señaló que fue el primer denunciante, el delegado de la Procuraduría Penitenciaria en Misiones, quien le señaló a Víctor Romero como el que encabezó la requisa en la que se cometieron los presuntos apremios.
El segundo testigo, de los ocho que declararon ayer, fue otro médico pero perteneciente al servicio asistencial de la unidad penal 17 de Candelaria y que estuvo presente en la requisa del 1 de octubre de 2007. Ulises Juan de Dios Soto (55), admitió que los internos fueron revisados “de cuerpo entero” y que durante el operativo observó a los guardiacárceles desde el pasillo frente a la dependencia de Servicio Médico. Negó haber visto violencia en el procedimiento y que recién “a las 22 vi a los internos lesionados”, mientras que la requisa se habría iniciado a las 8 y durado hasta pasado el mediodía.
Un enfermero del mismo servicio y que acompañó a Soto en el operativo cuestionado declaró luego: “No recuerdo que se haya necesitado atención a ningún interno”, pero a su vez respondió a la pregunta de Pablo Condori, uno de tres abogados de la Defensa, que “nunca vi que se haya castigado a un interno” en el penal de Candelaria.
Los cinco testimonios restantes correspondieron a agentes, dos celadores de pabellón entre ellos, del Servicio Penitenciario Federal quienes fueron solicitados por la Defensa. Todos coincidieron en que la requisa que se investiga no presentó irregularidad alguna.
Finalizaría hoy la presentación de pruebas y se determinará qué día será agendado para los alegatos y sentencia.
El expediente se inició con una denuncia de Francisco Miguel Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, sobre hechos de violencia en pabellones de procesados y condenados en la prisión federal.
