José Luis Acosta (42), Ricardo Antonio Figueredo (39) y Víctor Javier Romero (40) son los guardiacárceles del Servicio Penitenciario Federal que ayer fueron sentados ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, presidido por Manuel Alberto Jesús Moreira y los vocales Norma Lampugnani y Víctor Antonio Alonso, para iniciar el debate que los tiene encartados por los delitos de “severidad y vejaciones”.
El expediente se inició con una denuncia efectuada el 1 de octubre de 2007 por Francisco Miguel Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, sobre lo ocurrido en el ámbito de la prisión federal de Candelaria. Hechos de violencia en pabellones de procesados y condenados.
En una requisa habrían intervenido seis guardiacárceles al mando de Javier Romero, quienes ingresaron a los lugares señalados, y habrían actuado con furia con las pertenencias de los internos pero también golpeado y sometido a actos denigrantes.
La causa se inició tras las denuncias presentadas en octubre de 2007 ante el juzgado de Primera Instancia en lo Criminal Federal de Posadas, entonces encabezado por Ramón Claudio Chávez.
Media decena de detenidos en la Colonia Penal 17 de Candelaria, denunciaron a los tres guardiacárceles a instancias de la intervención de la Procuraduría. Según lo detallado “los internos sufrieron desmedidas golpizas, puñetazos, cachetadas y patadas, en la cabeza, cuello y espalda”.
Y hasta habrían sido obligados a “desnudarse y a ‘abrirse los cantos’ (Sic), procediendo a revisarles el ano de todos mientras los maltrataban e insultaban”.
Ayer, durante la lectura de la solicitud de elevación a debate, oportunamente presentada por el fiscal Juan Carlos Tesoriero, se remarcó la denuncia del subdelegado de la Procuraduría, Jorge Ávila, según la cual los internos fueron atacados durante cuatro horas, desnudos, con las manos en la espalda, con la cabeza agachada y contra la pared.
Luego habrían sido advertidos: “Esta requisa es sólo el carozo de la aceituna de lo que les puede pasar”. Tesoriero, citando al subdelegado Ávila definió lo sucedido como “inhumano, ilegítimo e inconstitucional”.
Encuadre legal
Hasta cinco años de cárcel: De acuerdo a los incisos 2 y 3 del artículo 144 bis del Código Penal Argentino “será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo (…) El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios (…) O impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales”.
