De los nueve ministros que integran el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, sólo Cristina Irene Leiva votó en contra de la casación del fallo del Tribunal Penal 1 de Oberá que el 5 de diciembre de 2014 el Tribunal Penal de Oberá condenó a Marciano Benítez (56), Hugo Dante “Willy” Ríos (35) y Fabiana Cantero (36) por el secuestro, violación y asesinato de la adolescente Silvia Andrea González (15), perpetrado en octubre de 2001 en Campo Viera.
Los camaristas restantes Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, Ramona Velázquez, Jorge Rojas, María Laura Niveyro, Liliana Mabel Picazo, Cristian Benítez y Froilán Zarza, fueron coincidentes con el primer voto a los recursos admitidos para análisis, el firmado por Roberto Rubén Uset.
PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso a los fundamentos del fallo que liberó de toda culpa a “Willy” Ríos, que entre los principales puntos remarcó: “Considero que tras los 24 cuerpos de expedientes labrados en sus más de 4.800 fojas y otro tanto igual de incidencias en el caso en concreto no se ha logrado acreditar el rol que tuvo Hugo Dante Ríos en el hecho acriminado, en el grado de certeza necesario que requiere esta instancia”.
También sostiene entre sus conclusiones que “con relación al delito contra la integridad sexual por el que fueran condenados tanto Marciano Benítez como su consorte de causa Hugo Ríos y conforme fuera tratado in extenso al resolver aceptar el recurso planteado (…) Entiendo que no se ha acreditado en autos la materialidad histórica de tal hecho, es decir, que aunque las características que presentaba el cadáver al momento del hallazgo resultarían indicativas que la víctima fue sometida a abusos sexuales, dicha circunstancia no ha podido ser corroborada en autos mediante prueba científica (autopsia) ni por ningún otro medio, de modo que, aunque pueda sospecharse que el delito sexual existió, la efectiva ocurrencia del mismo no ha sido probada en la causa por lo que ni Ríos ni Benítez pueden ser condenados por un suceso que en la realidad no ha sido probado”.
“Aunque para el lego la eventual desnudez del cadáver resulte un signo incontrastable de violación previo al óbito, esta eventualidad por sí sola no basta para que este tribunal condene, más allá de toda duda, a dos sujetos como autores de un hecho que ni siquiera se puede afirmar que haya ocurrido”.
El ministro Uset también agregó en sus fundamentos: “Por esa ausencia de pruebas o por las propias limitaciones de la ciencia forense, lo cierto es que jamás lo sabremos con certeza, al menos no con la certeza que un estado de derecho exige para penas privativas de la libertad a sus ciudadanos, por no que no tengo más remedio que coincidir con los recurrentes y absolver tanto a Hugo Ríos como a Marciano Benítez con respecto al delito de ‘acceso carnal abusivo calificado’ por que fueron condenados”.
Pero fue más tajante aún: “Incluso en el informe de ampliación de autopsia, cuando los facultativos firmantes afirman ‘queremos expresar que la desnudez del cadáver con la bombacha caída en los pies en el lugar donde fue hallada no hace presumir una o varias agresiones sexuales antes de la muerte’, no hace otra cosa que expresar una opinión personal, razonable si se quiere, pero carente de todo fundamento científico que excede la simple lógica de concluir que la desnudez sumada a la ubicación de la ropa interior implica una agresión sexual. Insisto, en ningún momento se ha probado la existencia de una violación con el grado de certeza que una sentencia condenatoria exige y, en definitiva, nos encontramos frente a opiniones de profesionales que no pasan de un ‘me parece que…’, incapaz de vulnerar el principio de inocencia”.
La decisión del STJ, tal como lo publicó PRIMERA EDICIÓN, fue firmada el martes 13 de agosto último y en el caso de Benítez dejó vigente su condena a prisión perpetua como autor penalmente responsable de los delitos de “privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado, todo en concurso real”.
También hizo lugar al recurso interpuesto por Juan Carlos Ríos, padre de Willy e intendente de Campo Viera y en consecuencia revocar la responsabilidad civil declarada en su perjuicio, rechazando la demanda en su contra.
