El adolescente de 16 años fue ejecutado de un balazo en la cabeza hace siete días. Las detenciones fueron ordenadas por el juez de Instrucción 3, Fernando Verón, subrogante durante agosto del Juzgado de Instrucción 2 de la Primera Circunscripción Judicial, en base a las investigaciones internas ordenadas por la Jefatura de Policía que no tuvo reparos en avanzar en la línea que ahora compromete a efectivos de la fuerza. La orden que partió desde el Ministerio de Gobierno fue “esclarecer” el homicidio “caiga quien caiga”.
El jefe de la comisaría de Santa Ana también fue relevado de su cargo, y los siete detenidos -dos oficiales y cinco suboficiales- cumplían servicio en la seccional, entre quienes se investigan al presunto autor del disparo calibre nueve milímetros que acabó con la vida del adolescente durante la madrugada del sábado 24 de agosto, para lo cual se procedió al secuestro de sus armas reglamentarias a fin de realizar las pericias correspondientes.
El interventor de la Comisaría es el subdirector del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía de Misiones, el comisario Miguel Ángel Centurión y además trascendió que se tomó la decisión de reemplazar a la totalidad de los efectivos que trabajan en dicha dependencia.
Todas las actuaciones que se están llevando a cabo son encabezadas por el juez interviniente y por el subjefe de Policía, José Roberto López, quien fue el encargado de abrir todos los sumarios administrativos y poner en funciones al interventor de la dependencia en cuestión.
Anoche, familiares, amigos y vecinos de la víctima volvieron a marchar en Santa Ana y entre sus principales reclamos, tal como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN único medio presente en la manifestación, apuntaron a que participe de la investigación una fuerza federal como Gendarmería, ya que sostenían muchas dudas en torno al trabajo de la policía local.
