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“Desapareció” un peligroso reo pese a la tobillera electrónica

20 agosto, 2019
CALIFICADO COMO “PELIGROSO”. El sospechoso arribó desde San Luis el jueves 5 de enero de 2017.

CALIFICADO COMO “PELIGROSO”. El sospechoso arribó desde San Luis el jueves 5 de enero de 2017.

CALIFICADO COMO “PELIGROSO”. El sospechoso arribó desde San Luis el jueves 5 de enero de 2017.

El único detenido -y a pocas instancias procesales de ser juzgado- por el robo y tentativa de homicidio del juez Laboral 1 de esta ciudad, Manuel Silva Dico, se fugó de su arresto domiciliario en Candelaria, de donde no debía moverse sin autorización y era monitoreado por una pulsera electrónica desde fines del año pasado.

El temido exconvicto fue atrapado a fines de 2016, treinta días después de, presuntamente, cometer el ataque al magistrado frente a su domicilio de la avenida 115 (Lucas Braulio Areco) casi Bustamente, frente al club San Francisco de esta capital.

El ahora prófugo tiene 65 años y habría desaparecido el sábado 17 de agosto a las 20 del lugar asignado para cumplir con la prisión morigerada, otorgada en 2018 por el juez de Instrucción 6, Ricardo Balor, porque padecería un cuadro avanzado de diabetes, entre otra complicaciones de su salud.

La señal de monitoreo de su pulsera de seguimiento salió de rango del inmueble del barrio San Cayetano de Candelaria (lote agrícola 26, manzana 392). Los agentes del Servicio Penitenciario Provincial a cargo de los controles del “Programa de personas bajo vigilancia electrónica” notaron la irregularidad y se contactaron con los tutores asignados para el cumplimiento del arresto domiciliario del acusado.

A las 23.15 del sábado, y aparentemente por vía telefónica, el SPP estableció contacto con la mujer y el hombre a cargo del detenido y comunicaron que éste se había alejado de la zona permitida porque una dolencia lo habría obligado a ir hasta el Hospital de Fátima a buscar medicamentos.

Al día siguiente, pocos minutos después de las 11, y ante la ausencia aún de la señal de la pulsera electrónica, los agentes penitenciarios fueron hasta la propiedad mencionada y constataron de manera directa que el imputado no se encontraba allí, por lo que se iniciaron las labores de búsqueda.

Oficialmente la denuncia por la desaparición y fuga se radicó en la comisaría de Candelaria durante la madrugada de este lunes y se dio intervención al juez Fernando Luis Verón, subrogante del Juzgado de Instrucción 2 durante agosto.

Se iniciaron las actuaciones por el delito de “fuga” e “incumplimiento de la prisión morigerada”.

 

Le revocaron el beneficio

Desde el Juzgado de Instrucción 6 trascendió que, una vez que sea hallado el acusado, deberá ser remitido a una celda común porque se le revocó el beneficio del arresto domiciliario y deberá afrontar una nueva imputación judicial por parte del juez de Instrucción de turno, en este caso Verón y por los delitos de “fuga e incumplimiento”.

Claro está que esto debería ocurrir cuando sea atrapado nuevamente. Por lo pronto, su paradero volvió a ser una incógnita.

El exconvicto fue imputado en febrero de 2016 por el grave episodio contra el magistrado Manuel Ángel Silva Dico.

Tal como adelantó de manera exclusiva este Diario, quedó sujeto a proceso por los delitos de “robo calificado y tentativa de homicidio, dos hechos en concurso real”, según la resolución del juez Balor.

La normativa vigente indica que, ante el auto de prisión preventiva, el acusado debe ser trasladado hacia una unidad del Servicio Penitenciario Provincial.

Entonces, y como se lo considera como un sospechoso de alta peligrosidad (ya había purgado más de veinte años tras las rejas por distintos delitos, entre ellos, un caso de “privación ilegítima de la libertad”), fue enviado a la Unidad Penal Provincial VIII en Cerro Azul.

 

Labor de investigación

Cabe señalar que el ahora prófugo había sido atrapado durante la madrugada del viernes 30 de diciembre de 2016, justo un mes después del delito contra el juez laboral.

Investigadores de la Dirección Homicidios y de la seccional Decimotercera de la Policía provincial, en labor conjunta con pesquisas de San Luis, lo detectaron en el barrio UPCN de Juana Koslay, una localidad emplazada a nueve kilómetros de la capital puntana.

Los investigadores llegaron a él mediante un minucioso entrecruzamiento de datos.

Fueron los efectivos misioneros quienes cruzaron medio país, más de tres mil kilómetros, para traerlo al Juzgado de Instrucción 6 y que se haga efectiva la acusación.

Se abstuvo de responder preguntas en indagatoria, sólo aseguró ser inocente, aunque admitió que estuvo en Posadas al momento del ataque, pero para visitar familiares en la zona.

Sin embargo, el reconocimiento realizado por testigos y el propio Silva Dico fueron elementos centrales para sostener la acusación.

De esta manera se le dictó la prisión preventiva al puntano como uno de los dos hombres que protagonizaron el presunto intento de secuestro que vivió Silva Dico minutos antes de las 22 del miércoles 30 de noviembre de 2016, cuando armados intentaron llevarlo en su propio automóvil.

Sin embargo, la víctima se trabó en lucha y sus gritos alertaron a vecinos de la zona, quienes finalmente intercedieron y pusieron en fuga a los delincuentes.

En medio de esa pelea, uno de los ladrones alcanzó a disparar, pero el proyectil quedó trabado en el cañón del arma y la víctima se salvó de milagro cuando le apuntaba a la cara.

Tags: #JudicialesSilva Dico
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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