“Cuando las comunidades no tienen participación en la educación de nuestros niños, se nota que hay una debilidad de la cultura Guaraní; por ello pedimos que nos dejen ejercer, amparados en la ley, nuestro derecho de elegir a quienes serán las autoridades de la escuela”. Con estas palabras, el mburuvicha Mario Borjas, explicó a PRIMERA EDICIÓN el reclamo que están impulsando miembros de trece comunidades indígenas de Ruiz de Montoya.
Concretamente piden participar en la toma de decisión del nombramiento de los directivos del Bachillerato Orientado Provincial 116, de la Comunidad Takuapi en esta localidad.
“Se pretende hacer valer un estatuto (docente) que es inferior por sobre una ley superior que es la Constitución. Esta lucha, por el reconocimiento de nuestros derechos de elegir a las autoridades escolares de las aldeas no es nueva. El desconocimiento del derecho indígena es muy grande, pero nosotros vamos a hacer valer las leyes que nos amparan”, enfatizó Borjas.
En un documento presentado recientemente a las autoridades del Consejo de Educación, los caciques de trece aldeas de Ruiz de Montoya, todas en relación con la escuela, elevaron un nuevo pedido formal para que el Consejo de Educación nombre como directivo a una docente, que es por quien piden (aseguran que está muy bien preparada, y que de hecho se encuentra trabajando en la tesis de su maestría).
Según el relato de Borjas, ella es con quien las comunidades tienen una relación muy fuerte desde hace varios años, y es en quien confían para dejar a sus hijos en la escuela.
“Poder elegir a nuestras autoridades educativas es algo que está dentro de nuestro derecho, y esta discusión por la educación de nuestros hijos se hace cada vez más fuerte, porque las comunidades nos damos cuenta que precisamos dar esa formación escolar, pero a la vez queremos que vaya de acuerdo a nuestra cosmovisión”, planteó el cacique.
Borjas señaló que los mburuvicha se amparan en la Constitución Nacional, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que: “Los programas y servicios de educación destinados a los pueblos originarios deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos”.
Según la precepción de los caciques, esto no se está aplicando y se mostraron muy preocupados al respecto.
“Los docentes que pedimos, son docentes no indígenas, pero sí son personas que tienen una fuerte relación con las comunidades y que conocen muy bien nuestra cultura”.
“Hemos invitado al presidente del Consejo de Educación, Mauricio Maidana, a nuestras asambleas, pero el resultado de esto fue que él rechaza tal posibilidad de permitirnos elegir. Hace poco lo volvimos a invitar para que vea que todos los caciques estamos de acuerdo, pero no asistió a la reunión y ni siquiera puso una excusa por haber faltado”, explicó el indígena.
En ese sentido, tampoco han sido fructíferas las notas enviadas, una de ellas ingresó nuevamente esta semana por mesa de entrada del Consejo.
“Nos hemos podido encontrar en algunas audiencias, en las cuales el trato fue frío y no hemos podido llegar a un consenso. Vamos a volver a invitarlo a que nos escuche, pero de no prosperar tendremos que recurrir a las autoridades de mayor rango”, fue el relato de Borjas.
Es que, mientras que los guaraníes invocan la Constitución y distintos tratados de derechos humanos reconocidos en el país; desde el Consejo General de Educación se presiona para hacer valer el estatuto docente.
“Para nosotros ésto se contradice con la Constitución Nacional y no vamos a ceder. Ya hemos tomado una decisión. Se trata de nuestros derechos y de nuestros hijos y vamos a luchar”, puntualizó el mburuvicha.
Antecedentes de lucha
El año pasado, PRIMERA EDICIÓN publicó un informe sobre los hechos similares en la comunidad Caá Cupé, donde los padres dispusieron que sus chicos no iban a asistir a clases, hasta tanto su aula satélite no se transformase en escuela.
El trámite estaba terminado y cumplimentado, pero pasaban los años y no llegaba la designación como tal.
Es decir, las comunidades tuvieron que llegar a esa presión para que se tomara una determinación desde el Ministerio de Educación, con el resultado final de que llegó el nombramiento como escuela y de toda la comunidad educativa.
Con ese antecedente, en este caso tampoco van a bajar los brazos.
Mucho tiene que ver, en todo este reclamo, el acompañamiento de EMIPA en mostrar que las comunidades tienen necesidad de otra escuela, ya que, claramente no es la misma para los indígenas y para los no indígenas. El planteo es que la clase tiene que ser dictada de otra manera, pero entendiendo que necesitan esa formación que es crucial para el mundo actual.
