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“Casi todos exceden la velocidad permitida al cruzar una reserva”

29 julio, 2019
Imagen ilustrativa

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“El 97% de los vehículos que circula por el Parque Península (sobre la ruta nacional 12, en inmediaciones de Puerto Iguazú) viola la velocidad máxima establecida”, según las mediciones por radar realizadas por la organización ambientalista Red Yaguareté. Así lo reveló su director ejecutivo, Nicolás Lodeiro Ocampo, quien agregó que “el otro 3% es porque nos veía a nosotros y reducía la velocidad o eran vehículos muy viejos que no podían andar más rápido”.

“Nosotros compramos los radares específicamente para documentar lo que ya sospechábamos: están todos acostumbrados a ir por lo menos a 120 kilómetros por hora”, insistió en diálogo con el programa “Primera Plana” de la FM 89.3 Santa María de las Misiones. Además, aprovechó el espacio para justificar un nuevo proyecto que la entidad presentó hace un mes a las autoridades provinciales y nacionales para evitar más muertes de animales en las rutas misioneras.

En concreto, la iniciativa apunta a la ecológica ruta provincial 19, que une Wanda con Andresito y atraviesa el Parque Urugua-í. Lodeiro Ocampo sintetizó que la idea es instalar un sistema consistente en sendos portales en ambos extremos de dicha reserva: “Cuando uno ingresa al parque, pasa por un portal donde una cámara saca una foto a la chapa patente del vehículo y registra la hora exacta en que un vehículo atraviesa el portal; a la salida habría otro sistema similar que volvería a tomar la foto y el horario. Entonces, como la distancia entre un punto y el otro es conocida, un software haría un cálculo de tiempo y entonces se sabría si se excedieron o no los 60 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida en áreas protegidas”. En este caso -aclaró- serían dos pares de portales: uno desde Urugua-í hasta el destacamento Uruzú y otro desde allí hasta la salida de Andresito.

De esta forma, “primero se obliga al conductor a controlar la velocidad durante todo el tramo, no sólo en un punto como toma por ejemplo un radar”. Esto evita que -como ocurre en este último caso- “todo el mundo frene 300 metros antes y acelere una vez que pasó el radar”. Y por otro lado, “no requiere de personas, todo se hace en forma automática a través de internet con un software: si yo violo el límite velocidad, esa información se envía vía internet al centro de monitoreo y sigue el curso de cualquier tipo de multa”, explicó.

Esta nueva propuesta -oficializada el pasado 27 de junio- “se la presentamos a las máximas autoridades: el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Ecología de la Provincia, el presidente Mauricio Macri, el ministro de Transporte de la Nación y el secretario de Medio Ambiente. Nos parecía que comunicarla a Vialidad Nacional o la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya era caer en saco roto, en virtud de la cantidad de experiencias de este tipo que tuvimos sin que hasta ahora se hayan dado las soluciones que nosotros y otros grupos coincidimos que hay que aplicar”, disparó el ambientalista.

Consultado por la radio de PRIMERA EDICIÓN acerca de lo costoso del equipamiento necesario, Lodeiro Ocampo planteó que “el ecoducto que está en la ruta 101 costó 1.600.000 dólares y cubre alrededor de 42 metros de la ruta; en cambio esto cubriría 31 kilómetros y cuesta tres veces menos. Entonces, para el bolsillo de una persona o para una ONG por supuesto que es mucha plata, pero para un Estado, teniendo en cuenta que hay distintos planes y acciones para conservar especies emblemáticas como el yaguareté, la inversión termina siendo realmente baja. Inclusive contribuiríamos a evitar accidentes fatales para personas”, sentenció.

Un problema local

Según Lodeiro, “todos los yaguaretés atropellados en Misiones lo fueron por ómnibus de media distancia, por un camión de carga y el último por una persona de Misiones. Esto significa que no tiene mucho que ver con el turismo, sino con lo local”.

“Hasta ahora nadie pagó la multa”

“Hasta ahora nadie pagó ni siquiera una multa” por los “cinco o seis” yaguaretés que murieron en rutas misioneras durante la presente década, lamentó Lodeiro Ocampo.

“El primero fue en 2012, una cachorrita atropellada por un colectivo en la entrada al Parque Península, y en ese caso no hubo multa. En 2013, otro ejemplar fue embestido por un ómnibus de media distancia en la entrada a Iguazú, en la zona del Ejército, y pudo volver al monte, así que se desconoce si sobrevivió o no y tampoco hubo multa. En 2014, un macho grande adulto fue atropellado en el parque Urugua-í por un camión, ahí sí hubo todo un proceso pero desconocemos si se pagó la multa.

El último fue el año pasado, la hembra preñada de dos cachorros por nacer que fue atropellada por un vehículo particular sobre la ruta 19. Hasta donde sabemos, hace dos o tres meses tampoco había pagado la multa”. El ambientalista aclaró que “igual es un proceso que lleva sus años, porque ya conocemos los tiempos de la Justicia. De todos modos, aunque (los automovilistas) paguen la multa, los yaguaretés ya están muertos, con lo cual lo que estamos tratando de evitar es que haya más atropellamientos”, remarcó.

Tags: AmbienteAtropellamientoFaunainiciativaProyecto
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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