En una nueva asamblea ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), se dieron a conocer los lineamientos básicos para incorporar al Código Penal argentino, los delitos ambientales (contaminación, tala ilegal, etc). El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Juan Manuel Díaz participó en el encuentro y reveló que para septiembre sumarán aportes a los ya hechos anteriormente por la exministra Viviana Rovira y la senadora Maggie Solari Quintana.
Patricia Llenera, responsable de la redacción del capítulo “Delitos Ambientales” del Gobierno nacional, les indicó a los ministros provinciales que se contempla tipificar hechos que atenten contra la integridad del ambiente, la fauna, la flora, disposiciones comunes a la fauna y la flora, contra el ordenamiento territorial urbano y el patrimonio histórico.
En el programa “Primera Plana”, que se emite por la FM de las Misiones 89.3, el ministro Díaz confirmó que ahora ese anteproyecto “es motivo de evaluación por parte de las autoridades ambientales de todas las provincias, incluida la nuestra que vamos a consensuar con la bancada misionerista en el Congreso. Hemos hecho punta en este sentido, porque ya se han presentado desde Misiones ante el COFEMA iniciativas que se pueden tomar como antecedentes de la futura reforma penal”.
Aclaró que en la actualidad, en materia legislativa penal de protección al medio ambiente “en nuestro país estamos lejos comparado con otras legislaciones a nivel internacional. Sin ir más lejos, España o Alemania ya preven los delitos ambientales. Brasil y Paraguay, en esta parte del continente y como países vecinos, ya habían avanzado también en esta materia, incluyéndolos en el Código Penal de su respectivos países”.
De las multas a la prisión
El ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, reveló que el anteproyecto de reforma “contempla una serie de figuras de protección del medio ambiente. Por ejemplo, una sanción de prisión por contaminación a quien vierta cualquier sustancia en la atmósfera, suelo o agua generando un grave daño al ambiente en general, a la flora o a la fauna. También prevé penas para los que atenten contra la biodiversidad, por ejemplo introduciendo flora o fauna exótica invasora en un ambiente. También se prevé, en cuanto a los delitos contra la fauna silvestre, la caza y la pesca de especies nativas en veda o de especies protegidas o en lugares prohibidos”.
Remarcó que, reflejando los proyectos misioneros anteriores, se pretende incorporar “la protección a los bosques nativos, para sancionar a los que ilegalmente desmonten o extraigan ejemplares protegidos o en peligro de extinción. Una serie de normas innovadoras”.
Es que, hasta el presente, en el caso de quienes atenten contra los bosques nativos, las sanciones son “de índole pecuniaria por tratarse de infracciones al ambiente. Pero no conllevan penas privativas de la libertad, que es el rasgo distintivo de la tutela penal. En la actualidad, si se trata del apeo en bosques de propiedad del infractor, no conllevaría sanción de prisión. Ahora, si se trata de bosques propiedad del Estado o de terceros privados afectados, entramos en la figura de delitos contra la propiedad”.
Recordó el funcionario que por el delito contra la propiedad (que no es un delito ambiental) “hay antecedentes donde la Justicia determinó sanciones de prisión por robo o hurto de madera nativa. Pero no es la generalidad de los casos. Normalmente se traducen en infracciones que tienen derivaciones en vías administrativas que no trascienden a lo penal”.
Un largo camino por recorrer
Días adelantó que “las conclusiones podrían comenzar a tratarse en la próxima reunión del COFEMA, prevista para septiembre”. Luego, llegará el momento de trabajar en un proyecto global de reforma del Código Penal, ya que el capítulo “Delitos Ambientales” es apenas una parte de los cambios que se pretenden aplicar.
Una vez atravesado ese camino, el proyecto definitivo será remitido por el Ejecutivo nacional al Congreso que deberá debatirlo.
Si pasa el poder legislativo favorablemente, al tratarse de una legislación de fondo, no necesitará que las provincias adhieran y podrá ponerse en práctica cuando la ley quede promulgada y reglamentada.
Aún queda un largo camino por recorrer pero, en este caso, se dieron avances para lograr el fin.
Desde 1921
El Código Penal de la República Argentina está vigente desde 1921 y no regula de manera clara y concreta los delitos contra el ambiente. Además, existe una gran dispersión en materia sancionatoria.
Las sanciones administrativas han demostrado no ser suficientes para el total cumplimiento de la legislación ambiental. A nivel regional, en cambio, gran parte de los países han incluido los delitos ambientales en sus códigos penales.
Por ello, y por Decreto 103/2017, se creó en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una Comisión para la reforma del Código Penal de la Nación, que tendrá a su cargo la presentación al Poder Ejecutivo Nacional de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del mencionado Código, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.
Por ello, ahora se trabaja en este anteproyecto perteneciente al capítulo de Delitos Ambientales.
