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Dictaron orden de captura para Jesús Santrich

10 julio, 2019

FARC, el partido político que sucedió a la organización guerrillera homónima tras el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, sufrió hoy dos golpes al emitirse una orden de captura contra uno de sus principales dirigentes y ratificarse un fallo que dejó fuera del Congreso a otro de ellos.

Por un lado, la Corte Suprema de Justicia dispuso una orden de captura contra el congresista Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, y pedirá a Interpol la circular roja para su detención, después de que se ausentara a un llamado judicial, y el presidente Iván Duque pidiera a los países en los que puede estar que lo entreguen a las autoridades.

Por otra parte, el Consejo de Estado dejó firme el fallo del 14 de junio que estableció la pérdida de la investidura como legislador de Luciano Marín, alias Iván Márquez, quien nunca tomó posesión de su banca y cuyo paradero se desconoce.

La Corte resolvió dictar la orden de captura “con fines de indagatoria” a Santrich “por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes”, señala el texto del máximo tribunal, ante la “inasistencia injustificada” a la indagatoria programada para ayer.

El proceso contra Santrich y por el que Estados Unidos lo reclama en extradición es por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC el 24 de noviembre del ese año.

En mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió a Santrich la garantía de no extradición con el argumento de que las pruebas aportadas por Estados Unidos eran insuficientes y el caso pasó a la Corte Suprema, que debe definir su situación.

Santrich, que estuvo preso entre abril de 2018 y mayo de 2019, asumió el 11 de junio de este año como representante (diputado) y el 30 de ese mes pasó a la clandestinidad.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) aseguró que está decepcionado y lastimado por Santrich luego de que dejara plantada a la Corte Suprema.

Santrich “no solamente es un militante de nuestro partido, sino que hace parte de su dirección y ocupa un curul (banca) en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros; tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él; nos decepciona y lastima profundamente”, señaló el partido en un comunicado citado por la agencia de noticias EFE.

El senador Julián Gallo, uno de los líderes del partido FARC, denunció que el Estado colombiano no garantiza la vida de los ex guerrilleros que firmaron el acuerdo de paz en 2016.

“El Estado no ha logrado garantizar la vida de quienes firmamos la paz y son 140 compañeros asesinados y 31 de sus familiares”, dijo a periodistas Gallo, conocido en su época de guerrillero como Carlos Antonio Lozada, tras presentar en la Fiscalía una denuncia de un supuesto plan para asesinar a los líderes del partido.

Por su parte, Duque pidió a los países en los que pueda estar Santrich que lo entreguen a las autoridades.

“La orden de captura dictada por la Corte Suprema incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja y en ese sentido también hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas”, manifestó Duque anoche, en una declaración en la Casa de Nariño.

Asimismo, el Consejo de Estado ratificó el fallo que había dispuesto la pérdida del estado parlamentario de Márquez, quien pasó a la clandestinidad a mediados de 2018 y no apeló la resolución de primera instancia.

“Quienes resulten designados para ocupar las curules de las FARC adquieren obligaciones constitucionales cuyo incumplimiento puede motivar un proceso de pérdida de investidura”, explicó Alberto Montaña, magistrado del Consejo de Estado.

Tags: FARCInterpolJesús Santrichorden de captura
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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