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Tras el tarifazo de SAMSA, diputados piden informes por el deficiente servicio

5 julio, 2019

En la reunión ordinaria de la Comisión de Obras, Transporte y Servicio Públicos de la Cámara de Diputados tomaron estado parlamentario distintos proyectos de comunicación que interpelan al Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas de Misiones (EPRAC) por el deficiente servicio que presta la empresa SAMSA.

Esto tras el tarifazo del 35% que aplicó la concesionaria en las facturaciones del mes de junio para los usuarios de Posadas y Garupá.

Las iniciativas, que fueron tratadas en conjunto, cuestionaron “la falta de información sobre las gestiones que se realizan desde el ente regulador para beneficio de los usuarios”, “el cumplimiento de las condiciones que establece el contrato de concesión” y “la necesidad de contar con los informes del servicio prestado por la empresa durante los años 2014 y 2018”.

Dos de las propuestas fueron elevadas por los legisladores del Partido Agrario y Social (PAyS), Isaac Lenguaza y Martín Sereno; junto a una tercera presentada por los representantes del bloque de Cambiemos Javier Mela y Ana Minder. Las tres quedaron pendientes para su estudio en comisión.

Al respecto, el diputado Isaac Lenguaza explicó que su proyecto “consiste en un pedido para que el Ejecutivo provincial, a través del EPRAC, informe los aspectos relacionados a la aplicación del Artículo 69 de la Ley X Nº19 (Antes Ley 3391) que establece la conformación del ente regulador”.

“Queremos saber quiénes son los integrantes del directorio del ente regulador, quién es el representante de los usuarios, cómo los han elegido, si tienen legitimación y qué gestiones realizaron en favor de los usuarios tomando como referencia la problemática que tiene el servicio de agua potable, sobre todo con lo que pasó en verano, y por el aumento de tarifa del 35% que se autorizó desde el EPRAC”, manifestó.

En este sentido, enfatizó que “también se busca conocer los estudios que se realizaron para determinar este incremento en la tarifa que aplicó SAMSA”.

“Hay que controlar si estas empresas que prestan los servicios por una concesión, están cumpliendo con el contrato. Hay un contrato que dice que se tienen que realizar inversiones y que establece la forma de prestar el servicio. Estamos hablando de un servicio público y vital, como lo es el agua potable, y si esta empresa no cumple, el contrato se tiene que rescindir”, advirtió.

 

Deficiente servicio

Otro de los proyectos presentados, fue el de Martín Sereno por el cual se pidió un informe sobre la aplicación de la Ley X Nº 21 (Antes Ley 3523) que establece las bases y condiciones para la concesión del servicio público de agua potable y desagües cloacales para las ciudades de Posadas y Garupá.

“Estos pedidos surgen por lo que consideramos a priori un deficiente servicio y no es una opinión personal, es una opinión del usuario en general. Este verano que pasó fue trágico, tuvimos muchísimas movilizaciones, barrios sin agua por semanas enteras. Entonces hemos hecho preguntas acerca de las sanciones y/o multas que ha tenido, o no, esta empresa por la deficiencia del servicio”, señaló ante la comisión.

Asimismo, recordó que desde el PAyS ya se presentó un proyecto para la revisión del contrato de concesión de SAMSA.

“Pedimos una revisión de ese contrato de los 90 que consideraba al agua potable como una mercadería y no como un servicio o un derecho humano. Creemos que hay que hacer una revisión de ese convenio, o una anulación, o alguna reforma. No puede ser que uno disponga de agua potable si tiene plata. Hoy en pleno 2019 eso es un despropósito y va en contra de los ideales que tenemos todos, sin diferencias partidarias”, fustigó.

En consonancia, la diputada de Cambiemos, Ana Minder, señaló que el proyecto elevado en conjunto con su par Javier Mela “surge de una demanda de la población por la problemática del agua y la falta de información que existe sobre los números que maneja la empresa ”.

“Queremos que se pida al EPRAC los ejercicios económicos e informes del servicio que brindó SAMSA durante los períodos 2014 y 2018 inclusive. Eso está previsto en una ley y nos permitirá hacer un diagnóstico más amplio de la situación”, apuntó.

Y sostuvo que “no se descarta que cuando llegue el intenso verano posadeño se tengan nuevamente problemas” con el suministro de agua potable en los barrios. “Los cortes fueron una de las grandes problemáticas que afectaron a una gran parte de la población”, aseveró.

Tags: Comisióndeficienciasdiputadosproyectos de comunicaciónSAMSAServicio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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