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Quedó embarazada en prisión y ahora cumple condena en su casa

25 junio, 2019

Una mujer condenada a seis años de prisión el 30 de octubre del año pasado, por formar parte de una organización que vendía estupefacientes al menudeo en Eldorado, cumple la sentencia en su casa a partir de la semana pasada luego de que el Tribunal Federal de Posadas le autorizara la prisión domiciliaria, bajo la tutela de una hermana y la colocación de pulsera electrónica, tras confirmarse que está embarazada de cuatro meses y que en la Unidad Penal V del Servicio Penitenciario Provincial no están garantizadas las condiciones de salubridad y recursos generales necesarios para la gestación.

Los informes confirmaron que Santa Cruz llevaba 16 semanas de gestación el 12 de junio y que -según ella- pasa “hambre y muchas necesidades” en la Unidad Penal V de Posadas.

La decisión, a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, fue firmada por la camarista Norma Lampugnani y señala que Hermelinda Estela Santa Cruz (40) cumplía la sanción en el Instituto Correccional de Mujeres del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), pero que este establecimiento no constituye un ámbito adecuado para garantizar el desarrollo satisfactorio del embarazo, derecho marcado por la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de Belem do Pará, entre otros tratados.

Para su decisión, la jueza requirió un informe socioambiental respecto de las aptitudes del inmueble señalado para cumplir prisión y de la tutora propuesta, como también análisis integrales de salud de la condenada.

El domicilio que propuso su defensa legal se encuentra en la calle Armando Julián, en el barrio Gardés del Kilómetro 1 de Eldorado.

La vivienda es propiedad de Santa Cruz y es la misma desde donde, de acuerdo a la condena en su contra, participaba de la venta de estupefacientes bajo la modalidad de delivery.

Su hermana de 35 años será quien la acompañe, junto a otras cinco personas: su cuñado, tres sobrinos y un hijo, menor de edad.

Según los informes, en este inmueble de mampostería, piso cerámico y techo de zinc, tres habitaciones, cocina y baño, además de los servicios de agua, luz y televisión por cable, podrá llevar adelante el embarazo en condiciones necesarias para su proceso de reinserción socio-familiar.

 

“Grupo vulnerable”

La fiscal del Tribunal Federal, Vivian Andrea Barbosa, no opuso objeciones una vez que, por ecografía, se ratificó el embarazo y además se estimó como fecha de parto el miércoles 23 de octubre, siete días antes de que se cumpla un año de su condena.

Como pertinente aclaración, vale recordar que el artículo 10 del Código Penal, y los artículos 32, 33 y 35 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, detallan las causales establecidas para hacer efectiva la prisión domiciliaria. El caso de Santa Cruz cumpliría tales pautas, “es decir, la normativa en cuestión ampararía a la encartada”.

“Sabido es que el encierro carcelario repercute de manera negativa en personas que se encuentran permeables o sensibles a determinadas situaciones, dejando secuelas psicológicas que podría llegar a afectar a la persona en estado de vulnerabilidad, máxime si consideramos que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará) define a las mujeres privadas de su libertad como un grupo especialmente vulnerable”, remarcó la jueza federal.

 

Juzgados en octubre de 2018

El martes 30 de octubre de 2018, en juicio con tribunal unipersonal, cuatro acusados por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas”, fueron condenados a seis años de prisión. Todos se declararon culpables y firmaron un juicio abreviado, entre ellos Hermelinda Santa Cruz.

La Policía Federal Argentina hizo la investigación, en septiembre de 2013, que incluyó fotos, videos y testimonios. Pero el disparador fue el testimonio de algunos vecinos del barrio Gardés de Eldorado, que se animaron a alertar a las autoridades lo que estaba sucediendo.

Zenón Santa Cruz, Hermelinda Estela Santa Cruz, José Ricardo Rodríguez y Maximiliano de los Santos Santa Cruz fueron detenidos en distintos procedimientos realizados por la Policía Federal y se les secuestraron 15,815 kilogramos de marihuana prensada y 487 gramos de cocaína, armas y 76 mil pesos.

Tags: #NarcotráficoPrisiónSentencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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