“La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de US$ 1.017.512 en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”, cerró la sentencia.
La misma fue, en rigor, sobre la intención argentina de anular el laudo que ya había sido dictado por el Ciadi en 2017 y por el cual debía pagar 320,7 millones por la expropiación de Aerolíneas. El país argumentó en el pedido de anulación elevado al Ciadi que el tribunal se había extralimitado en sus facultades, que había habido un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se funda
Desde la Procuración del Tesoro indicaron a La Nación que para la defensa argentina queda todavía un último recurso de revisión a presentar.
El pase de manos de Aerolíneas Argentinas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso. Con amplia mayoría, tanto diputados como senadores aprobaron el proyecto.
Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de US$832 millones, muy lejos de los 600 millones que decía Marsans que valía el grupo de compañías. Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa.
Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.
El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde. Finalmente el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.
El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014 cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.
Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF.
La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos complicados de probar. El primero es que en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Por caso, Aerolíneas Argentinas, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico del país, era un empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público.
Fuente: lanacion.com.ar
