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Reclamaron revisión del precio para la hoja verde de yerba mate

9 mayo, 2019

Asociaciones de productores solicitaron al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que se realice una revisión del precio de la hoja verde.

De esa manera, la Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera de San Pedro y la Asociación Civil de Productores del Norte, a través de sus respectivos presidentes Martín Dellien y Ariel Steffen, emitieron un documento dirigido al Directorio del INYM, solicitando la modificación del precio de la hoja verde de yerba mate y canchada, determinado para la etapa de abril a septiembre 2019 por resolución de la subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La presentación de los productores fue recibida ayer por el Instituto nacional.

Los yerbateros basaron su pedido en la facultad que posee el Directorio del instituto para establecer mecanismos de ajustes, por cambios en las condiciones generales económicas.

Según remarcaron los referentes yerbateros por “las nuevas condiciones económicas, que son de público conocimiento, es necesario activar el mecanismo de revisión en el precio de la hoja verde de la yerba mate y canchada, con el objeto de resguardar la producción y el trabajo de miles de agricultores que lamentablemente no ven en los precios vigentes la contraprestación al sacrificio de sus familias”.

Además, manifestaron que al “considerar la necesidad para que el productor yerbatero, cosecheros y prestadores de servicios cuenten con un precio de referencia, solicitamos la determinación del denominado Tercer Precio”.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el productor Martín Dellien remarcó que “hicimos la solicitud de reapertura del análisis de costo para el precio de la hoja verde de la yerba mate, teniendo en cuenta que dentro del Estatuto del INYM se considera que si hay secaderos que están pagando por arriba del valor oficial se puede hacer una reapertura de la discusión sobre el precio. Y eso está ocurriendo, algunos secaderos, tanto en San Pedro como en Andresito, están pagando por encima del precio oficial. Por eso consideramos que es oportuno el momento para pedir que se dicte un nuevo valor para la hoja verde”.

Determinado por laudo

Cabe recordar que, al no llegar a un acuerdo en la mesa de concertación de precios del INYM, y lejos de las pretensiones de los productores de Misiones que solicitaron $13,50 por kilo de hoja verde, el resultado del laudo de la Nación para el precio de la yerba mate estableció un valor de $11,55 sobre la hoja verde y $43,89 la canchada, en ambos casos puestas en secadero.

Así, la Nación, a través de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fijó la suma de $11,550 pesos para la tonelada de hoja verde y $43,890 para la canchada, en su etapa del 1 de abril al 30 de septiembre de este año.

En ese momento, los productores remarcaron que la grilla de costos utilizada para fijar el precio no tuvo en consideración los últimos aumentos de combustible, corridas cambiarias y la inflación que impacta sobre el sector que sustenta a más de 45 mil familias.

El de la yerba mate es el único sector primario cuyos precios están regulados por el Gobierno nacional desde la crisis yerbatera de 2002.

La ley 25.564 define que en primera instancia los valores obligatorios de la yerba mate deben ser acordados dos veces al año (en marzo y en septiembre) entre los distintos sectores que forman parte del INYM y que si no fuera posible un acuerdo se recurrirá a un fallo por parte de las autoridades de Agroindustria.

Tags: INYMprecio yerba mateProductores yerbateros
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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