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Créditos UVA: cientos de miles de familias podrían perder sus casas

6 mayo, 2019

Si con el anuncio de la nueva línea de créditos PROCREAR se pretende mostrar una solución para el drama de los afectados por los préstamos UVA se está faltando a la verdad, porque lo que se proyecta no arregla la cuestión de raíz.

Lo primero que hay que resolver es el congelamiento del capital, porque en el endeudamiento en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) cuya cotización va modificándose todos los días, el tomador del crédito nunca tiene la certeza del monto de su préstamo.

El sistema es perverso porque estas unidades de deuda crecen a una velocidad superior al salario y en esa carrera siempre los que pierden son los mismos: los ahorristas.

En el plan que lanzó el gobierno nacional sobre nuevas líneas de crédito hipotecario hasta 30 años persiste la trampa de la actualización UVA, y aunque se plantee como novedad un “seguro de cobertura de inflación”, que será un nuevo componente de las cuotas, parece que se sigue en la línea de no escuchar a los afectados.

Nos parece bien y venimos pidiendo que se busquen herramientas que remplacen la opción de extensión del plazo del crédito tal como lo habilita la ley actual, pero este mecanismo se parece más a un anuncio de campaña que a una solución responsable e integral del tema.

Nadie puede tener confianza de que con un seguro se vaya a resolver la situación y que las aseguradoras puedan asumir fácticamente los mayores costos de las cuotas por la inflación, teniendo en cuenta la realidad económica y las proyecciones totalmente desalentadoras.

Para peor el anuncio involucra solamente a la banca oficial: los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.

Aquí vemos que otra vez se abandona a gran parte de los tomadores de créditos que como en el caso de mi provincia se endeudaron con la banca privada y a la mayoría ellos ni siquiera se les permitió elegir la entidad.

Este anuncio se acerca al programa que puso en marcha la gobernadora María Eugenia Vidal, que si bien plantea soluciones para los ahorristas de su provincia, no resuelve el problema de fondo que es el capital que nunca dejará de crecer, y condena a los tomadores a vivir sin la certeza de cuánto dinero deben. Por otra parte, destaco que el plan bonaerense se limita únicamente a la época electoral, lo cual también dice mucho.

Es por eso que vuelvo a reclamar que el Congreso trate los proyectos de ley que están presentados y que siguen trabados por el oficialismo que no se digna a convocar a trabajar a las comisiones de presupuesto y de finanzas.

Esta imposibilidad de debatir los temas en el Parlamento Nacional y legislar como corresponde y para todos, es una vergüenza que daña a la democracia.

Es así que reitero mi mensaje a la política de todos los sectores, porque hay que hacerse cargo: es urgente dar respuestas al desastre humano que se está provocando en las familias que creyeron que podían alcanzar la dignidad de una vivienda propia, y que por la impericia económica del gobierno hoy son víctimas de un sistema que tiene características de usura.

Fuente: NA – (*) Andrés Zottos es diputado nacional por la provincia de Salta.

Tags: Créditos UVAGobiernoInflaciónSalario
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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