Mirta Martínez vive hace años una situación difícil con un integrante de la comunidad mbya de la aldea Ysyry. Sus hijos heredaron de su exesposo seis hectáreas de tierra que están lindantes con la de los guaraníes. El caso es que, a pesar de tener el boleto de compra-venta y los impuestos al día, Martínez no puede trabajar la tierra porque hay una familia de la aldea que se instaló allí.
“Hace dos años que vengo peleando para que alguien me ayude con esta situación. Quiero trabajar, necesito que me devuelvan mis tierras para poder plantar”, dijo Martínez, quien ya no sabe a quién recurrir por ayuda.
Es que la mujer comenzó a limpiar sus seis hectáreas para plantar, y “me encuentro con una orden de no innovar del Juzgado de Instrucción de Eldorado. El cacique Dalmacio Ramos volvió a denunciarme porque quiero trabajar mi tierra. Nosotros venimos peleando con este tema hace años, en enero o febrero de este año, la Provincia le entregó la tenencia de otras tierras a esta comunidad, y pensamos que se terminaba el problema, resulta que no es así, comenzamos a limpiar para plantar y seguir trabajando, pero me denunciaron y me encuentro con una casa que tienen en mi tierra, no se veía porque estaba rodeada de capuera, y la orden de no innovar. Yo tengo todas las denuncias realizadas, no tengo sueldo, quiero trabajar en mis tierras, las tierras que pagué y son mías. Hace seis años que vivo acá, el terreno se compró hace 10 años, y no podemos disponer de él por este problema con la comunidad Ysyry”, contó Martínez.
También explicó que “me voy a la Municipalidad y me dicen que trabaje mi tierra, que los deje a ellos donde están, pero el cacique de la comunidad me denuncia. Seguí todos los pasos correspondientes, hice la denuncias, pago todos los impuestos de la tierra, y no puedo trabajarla. Ya intenté por todos los medios comunicarme con funcionarios provinciales, pero nadie me da una respuesta”, contó angustiada.
Originarios
En el 2006 se aprobó la ley 26.160 y el Estado Nacional declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y dejó en manos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización de un relevamiento territorial de todas las comunidades indígenas del país.
El espíritu de la norma es garantizar a los aborígenes el dominio comunitario de estas tierras. En la misma sintonía se sancionó la Ley 26.554 que suspende los desalojos de las comunidades indígenas de los espacios que ocupen.
Los relevamientos de las comunidades siguen realizándose desde sus inicios en 2006. En Misiones, el Ministerio de Derechos Humanos es el encarado y lleva relevadas 80 comunidades de un total de 122, el trabajo avanzó en la provincia en un 66% .
El caso es que, para poder avanzar a otra etapa, se debe terminar el trabajo de relevamiento, mientras tanto, aún rige la Ley de Prohibición de los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupen.
