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Acceder a servicios de telefonía móvil, Internet y cable cuesta más de $5 mil

5 mayo, 2019

La indetenible alza de precios golpea a los argentinos desde todos los sectores. Además de los productos de primera necesidad, relevados por el INDEC con los índices de la “canasta básica”, en los últimos meses los consumidores se vieron afectados por fuertes incrementos en las cuentas que deben abonar dentro de la “canasta tecnológica”, conformada por los abonos de televisión por cable, internet y telefonía móvil.

En Posadas, luego de los últimos aumentos y dentro de una complicada época donde las familias tratan de ingeniarse para recortar sus gastos y hacerle frente a una inflación que parece no detener su marcha, un hogar compuesto por una familia tipo, dos adultos y dos menores, debe desembolsar cerca de 5.000 pesos mensuales para acceder a estos servicios, según la velocidad y el combo de servicios contratado.

En marzo de este año los servicios de televisión por cable HD alcanzaron el valor de $1.440, mientras que la banda ancha con 12 megas y wifi cuesta $1.490. En una gran parte de los casos se debe sumar la contratación de algún pack especial, variando el paquete Premium para las transmisiones de fútbol en $450 y los canales exclusivos de películas (HBO y Fox) en HD en $246. Sin embargo, la combinación de los servicios también deriva en una promoción combo con descuentos que rondan el 25%. De esa manera, para acceder al cable y wifi el usuario debe pagar entre $2.500 a $2.647 por mes.

A esto se debe adicionar el gasto fijo de telefonía móvil, otros $2.240 por las cuatro personas, teniendo en cuenta que el valor actual para un plan básico de control, con 1 Giga de internet, arranca desde los $560 por cada línea celular.

Cabe mencionar que el servicio de Televisión HD por cable que actualmente tiene un valor de $1.440, en marzo del 2018 costaba $1.044, mientras que en el mismo mes del 2017 el importe era de $865. Así, en dos años casi duplicó su precio. Lo mismo ocurrió con el servicio de banda ancha y wifi por 12 megas que en marzo de 2017 costaba $886, para el mismo mes del año pasado ascendió a $1.036 y actualmente cuesta $1.490.

En tanto que la suba en la telefonía celular se observa en la comparación con el año pasado. El mismo paquete básico que actualmente tiene un valor de $560, en agosto del 2018 costaba $350.

Al mismo tiempo, pese a encarecer sus tarifas, las empresas suman cada vez más críticas de los usuarios por la mala calidad de los servicios otorgados. Según confirmaron desde Defensa del Consumidor provincial a este Diario, el rubro Comunicaciones es uno de los que más reclamos cosechan, sobre todo por problemas de navegación de internet y variación de las tarifas sin previo aviso.

Los principales reclamos de los clientes se basan en la falta de compensación por los “constantes cortes del servicio”, siendo que también la mayoría de las empresas cobran hasta un mes más a quienes optan por dar de baja un contrato.

Otro ícono muy cuestionado es la labor de los call centers. Reiteradamente los clientes que se comunican para efectuar algún reclamo se encuentran con el obstáculo de ser atendidos por la automatización durante un extenso lapso de tiempo.

Cuando al fin logran comunicarse con un operador las quejas por caída del servicio o lentitud en la navegación, las más frecuentes, topan con un simple “registro del caso”, por supuestos problemas momentáneos de señal o antenas, sin obtener la solución inmediata. Por otro lado, todos los usuarios reciben llamados a toda hora con ofertas de paquetes, descuentos y promociones que no siempre se cumplen luego que el usuario haya aceptado un cambio en la modalidad pactada desembolsando más dinero.

Otra situación, que puede catalogarse como “insólita”, es que los nuevos clientes que ingresan al circuito, y también los que exigen ser dados de baja, reciben importantes ofertas a modo de combo y rebajas sorprendentes, mientras que los habituales usuarios, los que tienen un tiempo largo de antigüedad y no emiten quejas, continúan pagando casi el doble de la cifra mensual por los mismos servicios.

Descenso de la demanda

El consumo de la televisión por cable viene en franco descenso ya que cada vez son más las personas que prescinden de este servicio. En el país se repite la tendencia mundial que incluye a los denominados millennials y cord cutting, es decir, aquellos que cancelan sus suscripciones a la TV de cable para migrar a servicios como Netflix u otras prestaciones similares a través de internet.

Según la consultora BBBusiness Bureau, en Argentina todavía existe una penetración del 78% de la TV paga, contra un 51% de servicios de conectividad de internet. Es decir que los abonados al cable son alrededor de 11 millones de personas, mientras que los que utilizan la red son más de 7 millones.

Complicación con la luz

A los altos importes que se determinan dentro de la “canasta tecnológica” se suman las reiteradas subas sobre el consumo de energía eléctrica que golpean con intensidad, principalmente, a los bolsillos de los desocupados, asalariados y comerciantes.

Con el comienzo del cuarto año del Gobierno de Cambiemos y, gracias a su decisión de eliminar los subsidios, la luz subió más de 2.500%, es decir, más de 25 veces. Por ejemplo: si una familia pagaba 150 pesos en agosto de 2015, teniendo el mismo consumo su boleta en marzo de este año superó los 3.000 pesos. Mientras que el promedio de los salarios, en los últimos cuatro años, apenas sobrepasó el 100%.

Tags: Aumento de preciosCanasta TecnológicaCrisis
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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