Sigue la disputa por una banca en el Concejo de Puerto Libertad

El pasado martes, en una sesión especial, los concejales ratificaron la decisión inicial de rechazar la petición realizada por Ricardo Acosta, por considerar que no cumple con todos los requisitos legales.

El Concejo también planteó la incompetencia del juez actuante y presunto conflicto de poderes, por lo cual esperarán una determinación definitiva antes de tomar alguna decisión en la discordia. No obstante, los ediles aseguraron que la banca está garantizada para que se asigne a quién corresponde.

Banca en disputa

En última sesión, Acosta presentó los oficios de una medida cautelar dictada por el Juzgado de Familia Nº 2 de Iguazú luego de una acción de amparo pedida por éste.

En la resolución, el magistrado “decretó la prohibición de innovar, con relación a la resolución dictada por el Concejo Deliberante en la sesión extraordinaria del pasado 10 de abril, debiendo volver las cosas al estado anterior”. Y el magistrado ordenó “al presidente del Concejo a que realice los trámites necesarios a los fines de incorporar, de forma inmediata, a Ricardo Acosta a su banca de concejal de Puerto Libertad, debiendo acreditarse el cumplimiento de lo mandado”.

El cuerpo recibió todos los oficios para tomar conocimiento de las acciones judiciales y también escucharon las palabras de Acosta. Tras el debate se pasó a votación y los ediles ratificaron la primera decisión, hasta tanto se resuelva la situación de fondo.

“Los ediles me dieron la potestad de contestar esa resolución judicial, porque se considera que una persona que no tiene el domicilio legal en Puerto Libertad no puede representar al pueblo. No obstante, el Concejo garantizó la banca al sublema e instrumentamos que se asignará la banca a quién siguiera en la lista. El Concejo ya apeló la medida cautelar, porque corrían los plazos”, indicó a PRIMERA EDICIÓN el titular del cuerpo, Marcelo Aquino.

Además, expresó que lo que se planteó desde el cuerpo es la incompetencia del Juez en el caso, además de un conflicto de poderes y que, en todo caso, sea resuelto por el Superior Tribunal de Justicia. Entendemos que la justicia ordinaria no puede tomarse atribuciones en razón a este tema, ya que el cuerpo decidió en base a las leyes.

El conflicto comenzó luego de la muerte de Miguel Villalba, quien había ingresado por el sublema “La fuerza del cambio”.