Ambas propuestas buscan modificar la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y en espacios públicos como medios de transporte y centros comerciales en el caso del acoso.
El objetivo es tipificar la violencia política contra la mujer y castigar conducta con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y a participar en asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres.
La presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, la peronista Norma Durango, valoró la aprobación de las iniciativas y reivindicó la visibilización de las problemáticas sobre la violencia de género.
“La mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de este tipo de acoso por parte de los varones que tratan a las mujeres como simples objetos de deseo en la calle”, sostuvo, y sobre la normativa de violencia política también afirmó que “todas sufrieron algún grado de violencia política, especialmente -dijo- desde los medios de comunicación”.
En representación de Cambiemos, Gladys González, destacó el hecho de que “se obligue al Estado a implementar políticas públicas concretas” para que “las mujeres puedan caminar tranquilas por la calle” y para que se promueva la participación política de la mujer “en igualdad” con los hombres.
La norma describe como violencia pública política contra las mujeres a aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres.
En el caso del acoso callejero, el proyecto aprobado busca incorporar como delito la figura del acoso callejero en los casos de violencia hacia mujeres en espacios públicos como medios de transporte o centros comerciales.
Menciona en ese caso a las conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, libre circulación o generen ambiente hostil u ofensivo.
Propone incorporar una línea telefónica gratuita de asesoramiento para esos casos, destinada a la contención y a la elaboración de estadísticas en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres.
También busca articular en el seno del Consejo Federal de Educación la inclusión de contenidos mínimos curriculares sobre la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia y la libertad.
Por último, el proyecto insta a las fuerzas de seguridad a actuar en protección de las mujeres en espacios públicos cuando se vieran afectadas por este tipo de delitos.
Las iniciativas avaladas por el Senado deberán ser giradas ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
