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Falleció un concejal el Libertad y se abrió una disputa por la sucesión

13 abril, 2019
RESOLUCIÓN. Fue tomada en una sesión extraordinaria del Concejo.

RESOLUCIÓN. Fue tomada en una sesión extraordinaria del Concejo.

RESOLUCIÓN. Fue tomada en una sesión extraordinaria del Concejo.

El fallecimiento de un concejal despertó una disputa en el Concejo Deliberante de Puerto Libertad por la sucesión, ya que la persona que debe asumir fijó su domicilio en Iguazú, pero argumentó que lo hizo por cuestiones laborales.

El conflicto comenzó luego de la muerte de Miguel Villalba tras afrontar una enfermedad. Éste ingresó por el sublema “La fuerza del cambio”, que impulsaba la candidatura de Juan Manuel Zorraquín a la intendencia. Y como esta localidad no tiene Carta Magna, debe regirse por la Ley de Municipalidad, que expresa el corrimiento de lista, entonces debería asumir Ricardo Acosta, pero los cuatro concejales restantes consideraron que no reúne los requisitos indispensables para acceder a la banca, puntualizando en que Acosta estableció su domicilio en la localidad cercana de Iguazú.

En una sesión extraordinaria, el Concejo local determinó “rechazar el diploma de Ricardo Acosta como concejal de Puerto Libertad por no reunir la condición exigida por el artículo 172 de la Ley XV Nº5, que señala como requisito para ser concejal ‘…ser vecino del municipio con dos años de residencia inmediata’ condición que no se cumple según fotocopia del DNI que se adjunta”.

Y además “autorizó al presidente del Concejo a realizar las gestiones pertinentes ante el Tribunal Electoral a fin que se adjudique y emita correspondiente diploma a quien sigue en la lista del sublema ‘La fuerza del cambio’”.

No obstante, Acosta se presentó en el recinto con el certificado de concejal que emite el Tribunal Electoral, el que consideró el instrumento legal para exigir su lugar. Además, ayer realizó una acción de amparo en la Justicia para que exija al deliberativo a reconocerlo como edil. Desde este sector, que tiene como principal referente a Zorraquín acusaron al intendente Fernando Ferreira de intervenir en el conflicto suscitado.

Zorraquín contó a PRIMERA EDICIÓN que “fui candidato en 2015 e ingresó un concejal, pero falleció hace un mes y medio a causa de una enfermedad. Con su muerte, por Ley se corresponde hacer un corrimiento de lista. El Tribunal Electoral se expidió con certificado y definió que el concejal que debe asumir es Ricardo Acosta, el siguiente en la lista”.

“Hizo la presentación ante el Concejo, se citó a una sesión extraordinaria para tratar el tema, pero no lo dejaron sentarse en su banca. La mayoría dijo que él no era concejal y que iban a considerar su situación porque había elementos a revisar para saber si era apto o no”, manifestó el también renovador.

Afirmó que ellos “esgrimen que Acosta no vive más en Libertad. Cuando fue candidato tenía domicilio en esta ciudad y trabajaba en Iguazú como taxista, pero su residencia habitual y hace más de quince años es en Puerto Libertad”.

El excandidato a jefe comunal indicó que “al momento de ser candidato, Acosta cumplía con todos los requisitos establecidos por la Ley. Él fijó domicilio en Iguazú para trabajar después que asumió el primer concejal de nuestra lista y ellos ahora dicen que esto es un impedimento para que asuma como concejal”.

“Todo esto tiene que ver con una interna, porque la que ocupa el tercer lugar es Maura Ramos y ella dejó nuestro espacio político para irse con el oficialismo municipal, con los Ferreira. Sabiendo esto, están haciendo todo lo posible para que nuestra concejal no asuma y poder tener una incorporación que responda a ellos, logrando así la mayoría absoluta”, cerró.

“No tengo nada que ver”

Por su parte, el jefe comunal Ferreira, en una comunicación con PRIMERA EDICIÓN se desligó del problema y dijo que “todo lo que sé sobre tema es porque me contó el presidente del Concejo, quien me comentó que (Acosta) no tiene domicilio en Puerto Libertad, que no votó en las últimas elecciones para intendente porque tenía domicilio en Iguazú y que hace un par de semanas, después que falleció el concejal, cambió su domicilio a nuestra localidad”.

“Es una decisión del Concejo Deliberante si permite su asunción o no. Ellos entendieron que como fijó domicilio en Iguazú, se debe pasar al siguiente candidato de la misma lista”, aseguró.

Ferreira molesto por la mediatez del tema, exclamó: “Nosotros estamos en ese lugar por el voto popular, parece alguna chicana política queriendo provocar una división dentro de la renovación. No sólo en Libertad sino en toda la provincia, nosotros (Ferreira) somos de origen radical pero una vez que entramos al Frente Renovador ya somos de éste, más allá de nuestro corazón nos juntamos para trabajar en beneficio de la sociedad”.

Con respecto a Zorraquín dijo que “es una persona nueva en el pueblo, hace 5 – 8 años que está en la localidad llegado desde Buenos Aires, es descendiente de una familia pionera. El concejal que sigue es también de la línea de Juan Manuel. Pero es el Concejo el que decide, en mi caso no me meto en ese sentido. Incluso tienen el acompañamiento de un edil de Cambiemos”.

Según el jefe comunal “esta persona que falleció estuvo mucho tiempo enferma y esta gente le pedía que renuncie constantemente, pero no lo hizo porque necesitaba la dieta y los beneficios como ser la obra social”.

Tags: concejalesConcejoPuerto Libertad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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