La ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Marien “Tiki” Marchesini salió a responder las críticas que recibió del Superior Tribunal de Justicia. Señaló que su organismo “no debe ser complaciente sino que debe ser crítico hacia todos los Poderes, especialmente hacia los que no están funcionando bien ni tampoco proponen acciones para mejorar”.
La funcionaria fue cuestionada, en una nota firmada por los nueve ministros del STJ, enviada al Gobernador Hugo Passalacqua, por sus críticas en las redes sociales a la Justicia en los casos de desalojo.
Me pareció fuera de lugar que nueve ministros se pongan de acuerdo en una cuestión así cuando hay tantas cuestiones pendientes en la Justicia (…) penales superpoblados con la mitad de los detenidos sin condena y que se pongan nueve personas a hacer una nota de esa naturaleza, a mi criterio, no habla bien de lo que el pueblo espera de la Justicia”, afirmó
Me pareció fuera de lugar que nueve ministros se pongan de acuerdo en una cuestión así cuando hay tantas cuestiones pendientes en la Justicia (…) penales superpoblados con la mitad de los detenidos sin condena y que se pongan nueve personas a hacer una nota de esa naturaleza, a mi criterio, no habla bien de lo que el pueblo espera de la Justicia”Los cruces entre Marchesini y los jueces no son nuevos ya que, en la mayoría de los casos, intervienen abogados enviados por DDHH para impedir las ejecuciones. En la Justicia afirmaron que también hay otras causas donde los jueces “sólo cumplen lo que indica la ley y el procedimiento” y, pese a esto, reciben ataques mediante notas y mediante redes sociales.
“Personalmente siempre me manejé con escritos jurídicos, obviamente que utilizo redes sociales como hacen todas las personas”, reconoció Marchesini en el programa “Primera Plana” que se emite por FM Santa María de las Misiones 89.3.
Luego agregó: “Creo que el eje de las molestias son los otros desalojos que estamos cuestionando, ahora la chacra 43 que es una Manzana, ubicada en Lavalle y Urquiza, barrio Patotí, es una de las cuestiones que hizo que aparezca esta nota”.
No hubo “reprimendas”
Marchesini dijo que no recibió ninguna “reprimenda” del Gobernador por esta cuestión y que preferiría que se abra una instancia de diálogo para buscar soluciones. “Un Gobernador sabe que un Ministerio de DDHH no debe ser complaciente”, agregó.
A la vez que indicó: “Somos ciudadanos políticos, funcionarios que estamos a tiro del Gobernador que me puede pedir la renuncia o no; un legislador es elegido por el voto popular; un Ministro es designado y puede llegar a eternizarse en el lugar y eso hace que se aleje mucho de la realidad. Eso reclama la ciudadanía: la falta de acceso a la Justicia. Si no hay Justicia, no hay tranquilidad”, advirtió.
“Aquellas observancias que hacemos del sistema judicial las hacemos para mejorar el sistema, no es para criticar. Nosotros llamamos la atención de una ley provincial que impide la ejecución de los desalojos y que no se cumple”, señaló la titular de DDHH de Misiones.
Respecto del control al accionar de los jueces, sostuvo que “por un lado el Consejo de la Magistratura tendría que empezar a supervisar y también los Ministros del Superior Tribunal deberían ver qué está pasando en algunas esferas de la Justicia, porque si bien hay autonomía de cada juez y una competencia, también debería haber un criterio en la Justicia”.
“Yo sé que soy crítica y dura pero soy realista. No estoy ofendiendo a nadie diciendo que las cosas no están bien. Señalar tiene que ver con buscar los caminos para mejorar”, enfatizó Marchesini.
Igualmente bajó el nivel de tensión al afirmar que “uno busca accionar por las buenas y llegar a un jury es el límite. Si se puede entrar en una instancia de diálogo se pueden corregir las cuestiones”.
El pasado domingo PRIMERA EDICIÓN publicó en exclusiva una nota que envió el STJ al Gobernador donde le advertía de algunos comportamientos de la Ministra de DDHH que atacaban la independencia del Poder, al advertir además que los jueces solamente cumplen con los procedimientos que establecen las leyes.
La nota fue enviada el 25 de febrero, hace más de un mes, pero no había tomado conocimiento público hasta la publicación del domingo en este Diario.
