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“No tenemos la culpa del fracaso de un programa, exigimos vivir dignamente”

25 marzo, 2019
Las calles en mal estado y parcialmente cerradas al tránsito convierten al barrio en un laberinto.

Las calles en mal estado y parcialmente cerradas al tránsito convierten al barrio en un laberinto.

Las calles en mal estado y parcialmente cerradas al tránsito convierten al barrio en un laberinto.

Las expectativas y el sueño de comenzar a habitar una vivienda propia se convirtió en una pesadilla para algunos de los 70 adjudicatarios de las primeras viviendas entregadas pertenecientes al Programa de Crédito Argentino (PROCREAR) en Itaembé Guazú, en la Zona Oeste de Posadas.

A dos meses que los beneficiarios accedieron a las llaves de sus casas, algunas comenzaron a tener falencias dentro y fuera de ellas, para convertirse en un verdadero calvario expuesto públicamente por los damnificados para que las soluciones aparezcan. Rajaduras, fisuras en las paredes, filtraciones y hasta desprendimientos de parte de los techos fueron algunos de los problemas que aparecieron en apenas dos meses.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, tres empresas fueron las encargadas de levantar las viviendas entregadas en esta primera etapa (sobre un total de más de 230 sorteadas en 2017) y las tres tienen sobre sus espaldas reclamos de distintos tipos.

Además, como continúan construyendo casas hasta llegar a las 700 lanzadas durante el kirchnerismo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), la vida en el lugar tiene más limitaciones de movimientos que un barrio privado, por el uso de las calles por parte de las constructoras.

Los vecinos reflejan “el aislamiento” existente ante la “clausura” de calles internas ya empedradas o asfaltadas, lo que impide la recolección de residuos y el paso de las líneas del transporte urbano.

Además, falta alumbrado público, hay pocos contenedores para dejar los residuos y las empresas se resisten a que los habitantes utilicen los espacios verdes, por razones de seguridad.

Un cúmulo de carencias que los vecinos padecen el doble al asomarse el entorno inmediato a sus ojos: el resto del creciente barrio Itaembé Guazú. “Las casas del IPRODHA, un programa de órbita provincial y no nacional, como el que pertenecemos y pagamos nosotros, son casas que se ven en buenas condiciones. Además tienen recolección de residuos, contenedores, calles asfaltadas, varias líneas de colectivos urbanos, alumbrado público, centro comercial y espacios verdes”, y todo eso “está a dos cuadras de mi casa”, se quejó un vecino para quien “no puede haber tanta diferencia. Estamos aislados y en parte encerrados dentro de nuestro barrio”.

La mayoría de los beneficiarios entrevistados no quiso dar sus nombres y apellidos completos por miedo a futuras represalias.

Demoras y promesas incumplidas

En menos de dos meses ya aparecieron filtraciones dentro de las casas.

Del plan original de 717 viviendas elaborado en 2013, se terminaron y sortearon el 31 de agosto de 2017 unas 230 unidades (158 unifamiliares y 72 de 3 dormitorios en dos plantas, tipo dúplex). Las casas fueron financiadas por un fideicomiso constituido años atrás y los plazos de pago para quienes accedieron a los créditos van desde los 20 a los 30 años.

Debieron pasar 363 días sin noticias para los sorteados, hasta que la Secretaría de la Vivienda de la Nación, a cargo de Iván Kerr, entregó la operatoria del desarrollo del PROCREAR al banco Santander Río, “que ofreció las mejores condiciones de financiación”, según el organismo.

Claro que, un año después, apenas hubo oferentes para 70 de las 230 viviendas licitadas, debido a que -con la inflación y la corrida del dólar- las casas duplicaron el valor inicialmente establecido. Muchos de los que siguieron adelante a pesar de todo, debieron pedir prestados miles de pesos para cumplir con los requisitos que el banco les impuso.

Cuando fueron llamados para ofertarles la vivienda a la que aspiraban, les establecieron cuotas que van de 8.500 a 12.500 pesos, ajustadas por sistema UVA mes a mes, según testimonios de adjudicatarios, con una tasa de interés del 7,3%, que fue calificada por los propietarios como “la más cara del país”.

“Los corajudos que conseguimos y aceptamos el crédito, que fue el 10% de las viviendas construidas, no tenemos la culpa del fracaso de su programa, exigimos vivir dignamente”, planteó una vecina muy ofuscada.

Un 50 por ciento

La mayoría de los vecinos que dialogaron con PRIMERA EDICIÓN calcularon que “un 50 por ciento (de los 70 primeros adjudicatarios) tiene problemas en sus casas, el otro 50 por ciento tuvo más suerte con la construcción, pero todos padecen las falencias antes nombradas fuera de sus viviendas”, en referencia a recolección de residuos, espacios verdes y acceso al transporte urbano.

“Todas las casas tienen garantía por tres meses. Sin embargo, a días de habitarlas ya comenzaron a aparecer los problemas en la construcción”, reseñaron.

Un vecino se animó a aventurar al respecto que “estas casas hace más de dos años que están terminadas, en su mayoría. Sin embargo, no fueron construidas al parecer con materiales de primera calidad, como decían, y tampoco fueron visadas y controladas en todo ese tiempo y a lo mejor los daños se hicieron visibles una vez que comenzamos a habitarlas”.

Para colmo, plantearon con mucha bronca que “los reclamos los tenemos que hacer a un 0-800 que es del Banco Hipotecario, llamamos ahí y no nos toman el reclamo y menos nos dan un numero de referencia, ya que argumentan que en forma directa los reclamos van a las empresas constructoras. Pero al ir a los obradores de esas empresas, en varias ocasiones nos aseguraron que los reclamos no llegaban a ellos. Pese a ello, en más de una ocasión trataron de solucionar nuestros problemas edilicios, con buena voluntad”, resaltaron.

También vale la pena destacar que estas casas fueron entregadas con aire acondicionado (uno en la sala), termotanque, cocina, mesada y alacena, incluidos en el precio de la vivienda. Estos electrodomésticos y muebles, en algunos casos, “también tienen fallas, como los termotanques y algunos aires, aunque parezca increíble”, relataron.

La lucha continuará

Por “razones de seguridad”,impiden a los chicos ingresar a los parques infantiles.

Los vecinos adelantaron que “cuando los problemas edilicios sean arreglados en su totalidad, la lucha continuará en torno a la búsqueda de solucionar las falencias existentes fuera de nuestras casas”.

“Ya hicimos notas a Energía de Misiones y en parte nos solucionaron el problema del alumbrado público. También ya presentamos un escrito a la Municipalidad para ser parte de la recolección de residuos y a la empresa de transporte urbano, pero no obtuvimos respuesta positiva, ya que la mayoría de las calles del barrio aún no están habilitadas y eso es todo un problema a resolver”, describieron.

Tampoco se olvidaron de señalar como cuestiones pendientes “el tema de los espacios verdes y juegos para los más pequeños y los malezales en las casas que aún no están entregadas, con el peligro latente del dengue”.

Tags: #PosadasBarrialesItaembé GuazúPROCREARReclamos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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