Se concretó este jueves en la Defensoría del Pueblo de Posadas la anunciada mesa de diálogo entre representantes de las alrededor de 150 familias asentadas en el Acceso Oeste, junto al puente de la avenida Chacabuco, y varios organismos involucrados en la compleja situación: la Entidad Binacional Yacyretá (EBY, propietaria de buena parte de los terrenos ocupados), el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, la Municipalidad capitalina y el defensor del Pueblo, Alberto Penayo.
Tras dicho cónclave, este último contó que se trabajará en un relevamiento socioambiental -con personal de todos los organismos mencionados– “a fin de obtener de manera detallada todo lo referente a las más de 500 personas que están en el lugar”.
Además, mientras dure el proceso, el Municipio se comprometió a llevar agua potable al asentamiento, aunque habría pedido un poco de tiempo para organizar la provisión.
Paralelamente, se elaboró desde la Mesa de Diálogo un petitorio de facilitación de acceso a vivienda y trabajo para los involucrados en la toma, la cual se remitirá a los organismos competentes.
Uno de los voceros de las familias, Fabián Cantero, contó que “todo comenzó con gente que rebuscaba en el basural (que se había conformado hace casi un año en ese mismo lugar) y se fue quedando a vivir, pero este predio es inhabitable, sin luz, sin agua y lleno de alimañas. Por eso acordamos ese compromiso de trabajar en la relocalización, pero también pedimos que traigan un operativo de vacunación y atención sanitaria”, apuntó uno de ellos, de nombre Fabián.
Según confirmaron a PRIMERA EDICIÓN tanto del lado de los intrusos como de los funcionarios, quedó claro que el proceso está judicializado y que no se puede interferir en ello.
“Nos advirtieron que no se puede pasar por encima de la Justicia y nosotros nos comprometimos a esperar de forma pacífica durante el tiempo que dure el proceso” acordado con las autoridades, expresaron dos de los ocupantes presentes en la reunión de ayer.
