En los últimos meses se convirtió en costumbre encontrar publicadas en el Boletín Oficial resoluciones del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) intimando o tomando medidas contra los adjudicatarios de viviendas sociales de esta ciudad, ante las múltiples irregularidades cometidas que pudieron detectar en los barrios construidos específicamente para los afectados por las crecientes del río Uruguay.
Así, luego de varias inspecciones en el barrio conocido como Relocalizados de El Soberbio o 200 Viviendas para Inundados, el IPRODHA llegó a la conclusión de que más de un 30% de las familias que viven en el lugar no son los adjudicatarios directos.
La situación es de tal calibre que algunas de las casas, destinadas desde un principio a vecinos instalados en zonas inundables, ya pasaron por tres o cuatro propietarios diferentes, en los apenas cuatro años transcurridos desde el comienzo de su entrega. Se habla de personas que tendrían posesión de hasta tres viviendas, que fueron comprando a precios irrisorios, mientras que muchos de los adjudicatarios originales volvieron a instalarse en la costa del río, a merced de las crecientes.
Ante esta situación, el organismo readjudicó numerosas viviendas que en su momento fueron vendidas o que estaban en alquiler en el barrio, las cuales fueron reasignadas a sus actuales ocupantes, y convocó a los primeros adjudicados para que se presenten en las oficinas del Instituto para dar explicaciones.
Maniobras y “aprietes”
En el barrio Relocalizados hay más de 200 viviendas de madera tipo emergencia, que fueron construidas para relocalizar a las familias que vivían en la “zona roja” de crecida del río Uruguay y de sus arroyos afluentes, por lo que sufrieron las feroces inundaciones de 2014 y 2015.
Luego de una recorrida por el asentamiento y de poder hablar con varios vecinos, PRIMERA EDICIÓN pudo obtener el relato de adjudicatarios y readjudicatarios -que no quisieron brindar su identidad para no sufrir represalias- que apuntaron a un grupo de gente que se habría dedicado a comprar a precios muy bajos las viviendas de los relocalizados para revenderlas o bien alquilarlas.
Algunos vecinos denuncian haber sido “apretados” y que hasta hicieron exposiciones policiales por las supuestas presiones recibidas de parte de esos “nuevos” propietarios.
Panorama complejo
Una vez en conocimiento de estas situaciones, y tras realizar las comprobaciones de casos, los adjudicatarios originales que estaban en falta fueron citados por el IPRODHA para que concurran a su sede central y den su versión de lo ocurrido, pero hasta ahora no pudieron ser ubicados por las autoridades del organismo provincial.
Es que, según se supo, la mayoría de esas personas volvieron al lugar de donde salieron, al lado del río, de nuevo en situación irregular y precaria.
Desde la Municipalidad local aseguran que no conocen los pormenores de esta situación, que eso lo manejan directamente desde el IPRODHA y que la Comuna sólo hace funciones de apoyo o de dar a conocer a la sociedad las informaciones que le piden desde el organismo.
A su vez, en El Soberbio no hay oficina del Instituto y son los funcionarios de Posadas los que se acercan a hacer los relevamientos.
