Minutos antes de las 11 de ayer, horario fijado para el inicio del análisis de jury que la tenía como acusada por mal desempeño en sus funciones, la fiscal Nilda Genoveva Gauna renunció a su cargo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia estaba convocado este martes en sus dependencias del subsuelo del Palacio de Justicia de las avenidas Santa Catalina y Centenario de Posadas.
Se barajaba que los siete miembros del jurado, que preside el titular del STJ, Froilán Zarza, además de los ministros Rubén Uset y Cristian Benítez, dos diputados provinciales y dos abogados locales, coincidirían en la apertura del juicio contra Gauna.
Con el apartamiento definitivo del cargo, la ahora extitular de la Fiscalía de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Familia 3 de San Vicente, evitó ser juzgada porque la acusación quedó en abstracto.
Desde septiembre de 2012, cuando juró ante los ministros del STJ como fiscal en la Segunda Circunscripción Judicial de Misiones, en torno a la funcionaria se habrían generado múltiples sospechas por irregularidades que, casi seis años después desembocaron en una denuncia penal en su contra vinculada a un presunto caso de corrupción.
Tal como publicó PRIMERA EDICIÓN, en noviembre del año pasado el juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, ordenó allanar la Fiscalía Civil tras la acusación de la denunciante que apuntó a la representante del Ministerio Público.
Antes que se realice el procedimiento, Gauna solicitó licencia. Pero esta medida no frenó que el STJ decidiera suspenderla por treinta días y activar el mecanismo del jury para definir su situación e investigar, con un sumario interno, su responsabilidad en el cargo.
Para el juez Casco, los elementos que obraban en el expediente por entonces eran suficientes para profundizar la instrucción y, entre otros elementos, dispuso el secuestro de la computadora de la fiscal Gauna.
Allanamiento a la Fiscalía
El jueves 22 de noviembre de 2018 efectivos de la Unidad Regional VIII irrumpieron en el edificio calle Balbín y Juan XXIII de San Vicente, donde está ubicada la Fiscalía para concretar el secuestro solicitado.
Fuentes consultadas por este Diario, aseguraron que la abogada está sospechada de haber cobrado una indemnización que no le correspondía, que estaba dirigida a un beneficiario.
El Jurado de Enjuiciamiento, entre otros puntos, iba a estudiar la acusación de incompatibilidad de la función de la fiscal ante la sospecha que seguía ejerciendo su profesión de abogada, en este caso como patrocinante ante una demanda civil y percibiendo honorarios.
En cuanto al expediente penal que lleva adelante el juez Casco, deberá seguir su trámite habitual y, en caso que considere suficientes las pruebas y evidencias que obran en él, ordenar su elevación a juicio.
