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Nación compensaría con exenciones impositivas el dinero del exFondo Sojero

17 febrero, 2019

El año pasado, la Nación envió a Misiones una partida extra y única para compensar la quita del FFS. Pero, terminado el año, la incertidumbre se apoderó de los jefes comunales quienes insistieron en seguir realizando las gestiones para recuperar ese aporte nacional.

Por eso, también por instrucciones del Ejecutivo provincial, desde la última sesión ordinaria del Congreso, los legisladores por Misiones vienen negociando mayores recursos financieros para la provincia, tema que sin dudas está incluido en la agenda de 2019.

En este sentido, el diputado nacional Jorge Franco contó a PRIMERA EDICIÓN que, en los últimos días, estuvo en Buenos Aires y solicitó sesiones extraordinarias para tratar una serie de temas pendientes. Aunque “aparentemente no habrá sesión especial”, se lamentó.

Con respecto al Fondo Sojero, el legislador explicó que “se harán las compensaciones vía impositiva, existen algunas exenciones que dejaron de ser parte de las retenciones y ‘en su todo’, forman parte de un combo económico para resarcir la quita del FFS. Esta situación no se dio el año pasado, por eso es que se solicitó a la Nación que envíe un subsidio extraordinario”.

“Lo claro es que el dinero llegará a través de fondos coparticipativos a Misiones. Teniendo en cuenta los montos, hay un equilibrio. Todavía no sabemos los números finos pero, seguramente, serán similares a lo que se percibía por la Soja”, reveló el diputado nacional.

Por otra parte, Franco cuestionó la decisión de no llamar a sesiones extraordinarias para tratar temas de vital importancia para las provincias. “Como por ejemplo, la situación de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME). Las medidas anunciadas por el Presidente son beneficiosas para algunas pero no para todas. En Misiones necesitamos la implementación del artículo 10 de la Ley del sector”, remarcó.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Municipales de Misiones, Mario Lindemann, al ser consultado por este Diario señaló que “la preocupación comenzó desde el primer minuto en que conocimos la noticia de la eliminación del fondo. Para los municipios fue un mazazo, que apenas se superó con la compensación”. No obstante, “para la provincia también fue un golpe duro, porque se tuvo que dejar de invertir en obras habitacionales y viales”, confirmó.

Cabe recordar que una gran parte de los 76 intendentes destinó el dinero del fondo sojero para realizar obras viales, ya sean nuevas o reparaciones de los caminos vecinales.

Algunos pocos también lo usaron para cubrir “baches económicos”. “Mientras que, en el caso de la Provincia, era un dinero para invertir en construcciones de viviendas sociales y, en menor medida, para obras viales. En ambos casos, los trabajos quedaron paralizados y solamente se llevan a cabo con recursos genuinos”, confirmó el subsecretario Lindemann.

El funcionario provincial reveló que “en enero ya se sintió la baja de ese fondo, la mayoría de los jefes comunales cuidaron las finanzas de sus municipios para afrontar estos primeros meses. Mientras, esperan las partidas nacionales para hacer inversiones”.

La necesidad de los municipios

El intendente de Campo Grande y presidente de la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), Carlos Sartori, recordó a PRIMERA EDICIÓN que “desde el primer momento, le pedimos al Gobierno de la provincia que exprese la necesidad que tenemos todos los intendentes misioneros de recibir el fondo. La eliminación del mismo fue un duro golpe para las arcas municipales”.

“Hasta el momento no tenemos confirmaciones de otras partidas, desde el Gobierno nacional se mantienen firmes en sus decisiones. Estamos desilusionados con el accionar de la Nación porque eran cuestiones que representaban mejoras en las comunidades y por mantener el federalismo que siempre pregonamos los que vivimos en provincias”, manifestó Sartori.

Admitió que “estamos en permanente contacto con nuestros diputados nacionales, que están trabajando en esta cuestión para poder lograr algún fondo compensatorio, más teniendo en cuenta la dura realidad y los bajos índices de desarrollo”.

Sartori afirmó que “antes de la eliminación, su comuna recibía, en promedio, unos $300 mil”. “El fondo compensatorio llegó en cuatro cuotas y la última fue en diciembre”, recordó el titular de la CODEIM.

El año pasado, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno nacional decidió eliminar el Fondo Federal Solidario. El mismo se recaudaba con las retenciones a las exportaciones de la soja (y derivados) y se coparticipaba 30% a las provincias y a los municipios para obras o compra de maquinaria vial.

En el caso de Misiones, según datos del Ministerio de Hacienda, se dejaron de recibir más de 600 millones de pesos al año, de los cuales unos 210 millones se giraban en forma automática a los intendentes.

En tanto, la compensación del fondo sojero se repartió de acuerdo a la coparticipación y Misiones fue la que menos recibió de todo el NEA. Las cuotas del aporte nacional se dividieron en partes iguales, entre Provincia y municipios.

Tags: Fondosobras
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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